Diputado solicita comisión especial bicameral estudie  reforma Ley del Sistema de Seguridad Social

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado Agustín Burgos solicitó a la presidencia de la Cámara Baja la creación de una comisión especial que estudie la reforma de la Ley del Sistema de Seguridad Social.

El médico y representante de La Vega por el PRM opinó que el Estado debe asegurar el acceso universal y protección en enfermedades y discapacidades a los envejecientes.

Sostiene que la actual pieza legislativa tiene más de 16 años que fue aprobada y la sociedad dominicana pide a gritos que sea revisada y actualizada.

“Los profesionales de la salud de la bancada perremeista entendemos que se debe considerar el reciente informe de la SISALRIL, en el que manifestó que la República Dominicana es el país de América Latina con los precios de los medicamentos más altos”, manifestó el legislador.

Dijo que ese informe demuestra una problemática que ha de ser combatida por el Estado con la reformulación y ejecución de una ley de seguridad social en beneficio de la sociedad.

Indicó que la seguridad social en el área de salud está integrada por tres regímenes: contributivo, subsidiado y el contributivo subsidiado.

Señaló que este último no ha entrado en vigencia, dejando fuera del sistema a más de tres millones de trabajadores independientes y autónomos y sus familiares.

“El retraso a la puesta en marcha de la atención primaria y del primer nivel de atención establecido en el Art. 152 como la puerta de entrada a la red de servicios, impide establecer una verdadera protección y promoción de la salud”, manifestó Burgos.

Dijo que esto ha dejado atrás un modelo curativo costoso e ineficiente en muchos aspectos en beneficio de los afiliados, trabajadores independientes y pensionados.

El diputado concluyó  que es necesario la creación de una comisión bicameral que fiscalice la ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social ya que al no ser aplicada impide que se contribuya, en forma efectiva, al mejoramiento de la calidad de vida.

También a la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales; a la protección de los desamparados y discapacitados, así como a elevar la capacidad de ahorro nacional e individual y a la sostenibilidad del desarrollo económico.