El pueblo de RD no necesita más herederos del poder

Por EDWIN PINEDA CARRASCO

Hay algo profundamente preocupante en la política dominicana: hemos llegado al punto de confundir los apellidos con los méritos, la sangre con la capacidad y la herencia familiar con la grandeza política. Lo ocurrido con Juan Garrigó Mejía, nieto del expresidente Hipólito Mejía, debería provocar una reflexión nacional.

No porque un nieto tenga que responder por las actuaciones de su abuelo, sino porque resulta sorprendente que, en pleno debate político dominicano, todavía presentemos determinados apellidos como si fueran credenciales de honor. ¿Estamos ciegos? ¿Nos hemos vuelto tan pobres de memoria que olvidamos con facilidad las crisis que hemos vivido?

Un nieto puede sentirse orgulloso de su abuelo en su casa, en su familia y en su intimidad. Pero cuando ese orgullo se convierte en argumento dentro del debate político, la sociedad tiene todo el derecho a preguntar: ¿orgullo de qué exactamente? El cariño familiar no puede sustituir el análisis de una gestión pública.

Hipólito Mejía fue presidente de la República y, en mi opinión, uno de los peores presidentes de la democracia dominicana reciente. Esa es una valoración política que sostengo por los resultados de su administración y, particularmente, por la profunda crisis económica y financiera que golpeó al país durante su gobierno. La crisis bancaria de 2003, el colapso de Baninter, la devaluación del peso, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida forman parte de una realidad que ningún ejercicio de nostalgia puede borrar.

Nadie está obligado a odiar a Hipólito Mejía ni a negar sus cualidades personales. Pero una nación seria no puede evaluar a un presidente por lo buen abuelo que fue. Los presidentes no son elegidos para ser buenos abuelos; son elegidos para administrar el Estado y responder ante la sociedad por sus decisiones.

Pelaburro

Lo verdaderamente pelaburro, si se me permite utilizar una expresión popular dominicana, es que todavía existan sectores capaces de llevar al centro del debate político la condición de nieto como si constituyera un mérito. Ser nieto de un expresidente no es una hazaña. Haber nacido dentro de una familia política tampoco es un logro personal.

Juan Garrigó Mejía no tiene culpa de haber nacido en esa familia, y sería injusto pedirle cuentas por las decisiones de su abuelo. Sin embargo, desde el momento en que asume una posición de dirección dentro del PRM, deja de ser únicamente el nieto de Hipólito. Se convierte en un dirigente político y, como tal, debe aceptar el escrutinio público y demostrar sus propios méritos.

Porque esa es otra de nuestras grandes enfermedades: en República Dominicana el poder parece transmitirse, en demasiadas ocasiones, como si fuera una propiedad familiar. Un apellido abre puertas, facilita candidaturas, conecta con estructuras y puede colocar a determinadas personas por delante de ciudadanos que quizá tienen más preparación, pero carecen de padrinos y linaje político.

Yo vivo en Londres y desde aquí observo con preocupación una realidad que quizá desde dentro se ha normalizado demasiado. En sociedades democráticas maduras, los expresidentes son sometidos al juicio de la historia. Se estudian sus decisiones, se analizan sus errores y se reconocen sus aciertos. En nuestro país, muchas veces preferimos discutir quién es hijo de quién y quién es nieto de quién. Hemos convertido el árbol genealógico en una especie de currículo político.

Mientras discutimos los apellidos, millones de dominicanos trabajan para sobrevivir. Otros han tenido que emigrar. Muchos de los que vivimos fuera seguimos sosteniendo a nuestras familias en la isla mediante nuestro esfuerzo y nuestras remesas. Y entonces surge una pregunta que nadie quiere contestar: ¿hasta cuándo el ciudadano común será utilizado como escalón para que determinadas familias mantengan su presencia en el poder?

Pero tampoco podemos responsabilizar exclusivamente a los políticos. La responsabilidad también es nuestra. Somos nosotros quienes votamos, quienes aplaudimos y quienes convertimos apellidos en marcas electorales. Por ignorancia, fanatismo o conveniencia, permitimos que nuestros hijos reciban como herencia política aquello que deberíamos evaluar críticamente como parte de nuestra historia.

Un país que olvida sus crisis está condenado a repetirlas. Un pueblo que confunde parentesco con mérito termina entregando el futuro a quienes ya recibieron ventajas del pasado. La República Dominicana necesita ciudadanos capaces de preguntar qué hizo un gobernante, cuánto costaron sus decisiones, cuáles fueron sus consecuencias y quién terminó pagando sus errores.

Por eso, el debate no debería ser si Juan Garrigó puede querer a su abuelo. Por supuesto que puede. El verdadero debate es si la sociedad dominicana está dispuesta a dejar de arrodillarse ante los apellidos. Si queremos una nueva generación política, debemos exigirle que camine con sus propios pies, presente sus propias ideas y construya sus propios méritos.

La República Dominicana merece una política donde el hijo no tenga que pagar por el padre y el nieto no tenga que pagar por el abuelo. Pero también merece una política donde ningún hijo o nieto pueda utilizar el afecto familiar para sustituir el juicio histórico sobre quienes gobernaron. El pueblo dominicano no necesita más herederos del poder; necesita ciudadanos con memoria.
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