El expolio a los viejitos: la economía de compadres y los fondos de pensiones

POR OMAROY MÉNDEZ GARCÍA 

En la economía contemporánea, existe un pilar fundamental sobre el cual descansa toda la arquitectura financiera: la confianza. Sin ella, los contratos carecen de valor, los mercados de capitales se deterioran y los ciudadanos pierden el incentivo de ahorrar para el futuro y de invertir o simplemente de confiar en una moneda.

Lo que hemos evidenciado en la República Dominicana no es simplemente un error de cálculo financiero o contable ni una decisión coyuntural desafortunada; es un abuso de confianza institucionalizado, un acto de impudicia financiera en el que las autoridades, en cómplice contubernio con un sector empresarial mimado y mimético, han decidido convertir los fondos de pensiones de los trabajadores en un fondo de rescate privado para empresas insolventes traicionando la confianza pública.

Como ciudadano afectado y trabajador, el abuso al bienestar de la sociedad me impide guardar un silencio diplomático. Los fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) representan el sudor, la certidumbre en la vejez de millones de dominicanos.

Utilizar este capital que por naturaleza debe ser administrado bajo el prisma de la máxima prudencia y la menor exposición al riesgo, han sido usados para inyectar liquidez y aliviar las deudas de empresas privadas golpeadas por sus propios errores de gestión, sin ofrecer garantías colaterales sólidas que respalden dicho dinero, es un acto irresponsable. Representa la consagración definitiva en nuestro suelo del crony capitalism o capitalismo de compadrazgo en su versión más destructiva.

Para comprender la desviación ética que sufrimos hoy en la República Dominicana, es pertinente detenerse en el origen. Académicos y organismos multilaterales observaron cómo economías emergentes como Tailandia, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur, presentaban una profunda anomalía: los proyectos de infraestructura, los créditos estatales y las concesiones no se asignaban mediante licitaciones transparentes ni a empresas eficientes, sino cuyos propietarios tenían lazos familiares, políticos o amiguismo con esferas del poder político.

La economía del “compadrazgo” define un sistema postizo que retiene los símbolos externos del libre mercado (existencia de empresas privadas, bolsa de valores, contratos, etc.), pero cuyo motor interno está totalmente podrido. En el crony capitalism, las ganancias se determinan por la capacidad de influencia política, la captura regulatoria y el acceso a favores del Estado, en lugar de la innovación, el riesgo asumido responsablemente o la competitividad.

El célebre economista Adam Smith, en su obra monumental La riqueza de las naciones (1776), ya advertía sobre la proclividad de los comerciantes y políticos a confabularse contra el público. Smith señalaba que rara vez se reúnen las personas del mismo gremio sin que la conversación termine en una conspiración contra la sociedad. Lo que presenciamos en la República Dominicana es la realización literal de esa advertencia.

Favor político

Hemos sustituido la mano invisible del mercado por la mano asquerosa y visible del favor político, permitiendo que un puñado de “empresarios amigotes” disfrute de lo mejor de dos mundos: la privatización total de sus beneficios durante las vacas gordas y la socialización descarada de sus pérdidas durante las vacas flacas.

En cualquier teoría financiera elemental que se imparte en los programas universitarios, la gestión de un portafolio de pensiones se rige por el principio de la persona prudente. Dado que los fondos de pensiones representan la única red de seguridad social para la vejez de la clase trabajadora, los activos deben invertirse bajo estrictos parámetros de:

•Soberanía del riesgo: Cero tolerancia a la especulación o al rescate de entidades en quiebra.

•Evaluación de solvencia objetiva: Otorgamiento de crédito basado exclusivamente en la capacidad demostrada de generación de flujo de caja.

•Garantías reales y colaterales: Colocación de activos líquidos o bienes inmuebles libres de cargas como respaldo indiscutible ante un eventual impago.

Complicidad

¿Qué han hecho las autoridades reguladoras e institucionales dominicanas en abierta complicidad con el sector financiero y corporativo? Han violado cada uno de estos principios.

Prestar dinero extraído directamente del fondo de capitalización individual a empresas privadas que atraviesan dificultades financieras, sobredeudadas o estructuralmente ineficientes, constituye una aberración técnica. Pero hacerlo sin una garantía colateral sólida que respalde el capital y los intereses cruza la frontera entre la mala praxis financiera y el dolo institucional.

Cuando un banco comercial tradicional otorga un préstamo a una pequeña o mediana empresa, le exige garantías hipotecarias, garantías de activos o firmas solidarias que superen el del valor del crédito o cuyo peso fiduciario sea incuestionable. Sin embargo, cuando se trata de canalizar miles de millones de pesos provenientes del ahorro acumulado de los trabajadores hacia grandes empresas con signos de quiebra, la severidad del análisis de riesgo desaparece mágicamente.

Si estas empresas fracasan lo cual es la consecuencia natural de un mercado que castiga la mala gestión, las pérdidas no las asumirán los funcionarios, ni los ejecutivos de las AFP que cobraron sus comisiones de administración por adelantado, ni los empresarios incompetentes que malgastaron el capital o se distribuyeron el préstamos como utilidades. Las pérdidas se reflejarán en las los balances de los dominicanos, quienes verán reducida su tasa de reemplazo y condenado su retiro a la miseria.

El gobierno cómplice, hambriento de mantener una ilusión de estabilidad económica artificial y deseoso de complacer a los grupos fácticos que financian las campañas electorales, actúa como el facilitador normativo. Modifica reglamentos, presiona a los consejos de clasificación de riesgo y flexibiliza las inversiones de las administradoras de fondos. Esta es una muestra de las consecuencias de poner a un empleado de los empresarios en la administración del Estado.

Papá complaciente

El empresariado ha encontrado en el Estado a un «papá complaciente» al que se acude ante cualquier turbulencia del mercado, exigen exenciones fiscales, reclaman la desregulación laboral y repudian cualquier atisbo de intervención estatal. Pero cuando enfrentan problemas de liquidez producto de malas decisiones, se despojan de la chaqueta liberal y corren a los despachos gubernamentales a exigir rescates con dinero público o, en este caso, con el ahorro acumulado de los trabajadores.

Es urgente que la sociedad dominicana los sindicatos, los gremios profesionales, la academia y la ciudadanía en general, despierte ante este saqueo silencioso. Se requiere con carácter de inmediatez:

1.-Una auditoría externa e independiente a todas las emisiones corporativas y préstamos financiados con fondos de pensiones.

2.- La prohibición absoluta de invertir fondos de retiros en entidades que no presenten estados financieros auditados con grado de inversión estricto y colaterales reales de primera garantía.

3.-La tipificación de responsabilidades penales y patrimoniales para los funcionarios reguladores y administradores de AFP que autoricen colocaciones en violación del principio del custodio prudente.

No podemos permitir que el futuro de nuestros viejitos sea sacrificado en el altar del amiguismo político. Si no le ponemos freno hoy a esta complicidad entre el gobierno y el sector empresarial, mañana no solo tendremos pensionados sumidos en la pobreza extrema, sino una nación destruida por la desconfianza y la bancarrota moral.

La economía nacional no pertenece a una casta de compadres; pertenece al pueblo que con su trabajo diario sostiene a este país.

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