Seguridad y derechos humanos: el orden que necesitamos
POR E. MARGARITA EVE El debate sobre la delincuencia, el llamado «código 29» y los intercambios de disparos no debería plantearse como una elección entre seguridad y derechos humanos. También soy ciudadana, madre y…
POR E. MARGARITA EVE
El debate sobre la delincuencia, el llamado «código 29» y los intercambios de disparos no debería plantearse como una elección entre seguridad y derechos humanos. También soy ciudadana, madre y tengo miedo de salir de casa. Precisamente por eso necesitamos instituciones capaces de protegernos, perseguir el delito y hacer justicia dentro de la ley.
Mi relación con los derechos humanos comenzó hace años, cuando colaboré con varias fundaciones, entre ellas Muchachas y Muchachos con Don Bosco, dirigida entonces por el padre Linares. Su método consistía en que adultos enseñaran a adultos, jóvenes a jóvenes y niños a niños. Nosotros impartíamos talleres a multiplicadores en educación sobre derechos humanos y facilitábamos materiales.
En esa etapa conocí personalmente a Manuel María Mercedes y el programa que desarrollaba, junto al padre Rogelio Cruz y al doctor Cruz Jiminián, en Cristo Rey, para atender a jóvenes afectados por las adicciones y en situación de vulnerabilidad. También impulsaba iniciativas para ayudarlos a abandonar las calles, recuperar sus vidas y favorecer su reinserción social.
Años después, me contactaron por el caso de un dominicano residente en Nueva York que regresó al país por el fallecimiento de su abuela. Agentes policiales confundieron su vehículo con el de una persona buscada y le dispararon dos veces en una pierna; las heridas provocaron su amputación. Puse a su familia en contacto con Manuel María Mercedes, quien asumió el caso y le brindó asistencia.
Hace aproximadamente un año, acudí nuevamente a él por una situación personal delicada relacionada con un grupo político. Me recibió, escuchó mi caso y se ofreció a respaldarme si decidía hacerlo público, acompañando el proceso con dedicación. Esa experiencia me permitió conocer de cerca al ser humano detrás de la figura pública.
Los derechos humanos son inherentes a toda persona. Protegen la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la igualdad y, establecen límites al poder. Después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, estos principios quedaron consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948.
Renunciar a ellos significaría retroceder en una conquista universal alcanzada para proteger a las personas frente a los abusos del poder. Ninguna sociedad debería aceptar que, en nombre del orden o la seguridad, se debiliten esas garantías. Buscar protección no puede significar renunciar a los principios que protegen la vida y la dignidad humana.
Por eso existe el debido proceso. La detención debe realizarse conforme a la ley; la persona tiene derecho a conocer las razones, recibir la lectura de sus derechos, un trato digno, asistencia legal y ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente dentro de los plazos establecidos. El Ministerio Público investiga y acusa; los tribunales determinan la responsabilidad.
Estoy plenamente consciente de que vivimos atemorizados por la inseguridad. Vemos personas que, si sobreviven a un asalto o tiroteo, pueden terminar enfrentando largos procesos de recuperación y jóvenes afectados por las drogas cada vez más violentos. Son realidades que no se resuelven únicamente con fuerza: también requieren prevención, tratamiento, educación y oportunidades, junto con una respuesta firme frente al delito.
Entiendo el deseo de recuperar el orden y sentirnos protegidos. Pero ninguna sociedad construye una paz duradera cuando la muerte y el abuso de poder se convierten en formas de hacer justicia. La historia demuestra que normalizar la violencia y debilitar los límites al poder puede terminar afectando las libertades.
Nuestro problema de seguridad no nació ayer ni pertenece exclusivamente a un gobierno. Es una dificultad acumulada durante años que requiere instituciones fuertes, una Policía profesional, investigaciones eficaces y coordinación con el Ministerio Público y los tribunales. La ciudadanía tiene derecho a exigir justicia, pero también que la autoridad actúe correctamente.
Los derechos humanos no son el enemigo de la seguridad; son el límite que impide que, en nombre del orden, se cometan abusos. Necesitamos una autoridad firme frente al delito y responsable frente al ciudadano. Porque el verdadero orden no se construye con miedo ni violencia, sino con una ley que proteja, una justicia que responda y un país donde podamos vivir sin miedo.
