Senado reduce a 18 meses plazo de responsabilidad penal a empresas
La Cámara Alta acogió cambios de los diputados a la Ley 44-26 y remitió la pieza al Poder Ejecutivo. El pleno también avaló en primera lectura la Ley de Salud Mental…
Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó en única lectura reducir de 24 a 18 meses el plazo para la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, según reportó Noticias SIN y confirmó El Nuevo Diario. La decisión legislativa se produjo al acoger las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica el artículo 31 de la Ley núm. 44-26, promulgada el 27 de julio pasado.
La iniciativa, sometida por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, establece un período de 18 meses para la aplicación de las disposiciones sobre responsabilidad penal corporativa, en sustitución del lapso de 24 meses contemplado en la propuesta inicial. Con el voto favorable alcanzado en ambas cámaras del Congreso Nacional, la pieza legislativa será remitida de inmediato al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
Durante la misma sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica sobre Salud Mental, propuesto por los legisladores Ricardo de los Santos, Aracelis Villanueva, Rafael Barón Duluc y Eduard Alexis Espiritusanto. La pieza procura modificar la Ley núm. 12-06 para consagrar una protección integral a la salud mental de la población, con énfasis en los usuarios de servicios asistenciales.
Asimismo, la Cámara Alta acogió en primera discusión una reforma a la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios orientada a reforzar el rol de los gobiernos locales frente a la violencia de género mediante unidades municipales de atención. El pleno también aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, propuesto por el senador Félix Bautista, y refrendó acuerdos aéreos con Letonia y convenios internacionales sobre crecimiento verde.
Finalmente, los legisladores aprobaron una resolución que solicita al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) aplicar la Ley núm. 63-17 para hacer obligatorio el uso del casco protector en motociclistas, además de respaldar obras viales y comunitarias en distintas provincias.
