Gobierno prohíbe usar IA para clasificar y perfilar a ciudadanos
El Decreto 787-26 aprueba un código ético que restringe la biometría masiva y veta fallos judiciales automáticos en el Estado…
El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 787-26, una disposición oficial fechada el 2 de noviembre que fija un marco ético de obligatorio cumplimiento para la adopción de herramientas digitales avanzadas dentro de las instituciones estatales. La ordenanza prohíbe de forma taxativa que las entidades públicas empleen plataformas automatizadas para jerarquizar o segmentar a las personas según criterios socioeconómicos, así como para restringir el disfrute de prerrogativas civiles o prestaciones gubernamentales.
El texto normativo, reportado por Diario Libre, impone salvaguardas estrictas frente a los mecanismos de vigilancia masiva. En ese sentido, veta el escaneo biométrico indiscriminado en lugares públicos —como la detección facial, de pisada o registros vocales— cuando no medien órdenes judiciales ni amparos legales explícitos. De igual manera, la disposición desautoriza la elaboración de modelos predictivos que pretendan catalogar a individuos como eventuales delincuentes tomando como base su etnia, solvencia monetaria o sector habitacional.
En el ámbito punitivo y disciplinario, la presidencia dispuso que ningún algoritmo tome determinaciones sobre privaciones de libertad, imposición de medidas cautelares o condenas de índole legal sin la conducción y el arbitrio directo de personas responsables. La orden prohíbe además el uso de plataformas inteligentes con fines de propaganda engañosa, creación encubierta de matrices informativas institucionales o adulteración del criterio cívico.
La reglamentación garantiza asimismo el derecho de cualquier administrado a ser notificado si un trámite que le atañe fue procesado mediante programas de cómputo algorítmico. En esos casos, las dependencias deberán desglosar los parámetros técnicos aplicados, brindar canales para corregir posibles equivocaciones y admitir peticiones de reevaluación humana. La normativa aclara que la responsabilidad jurídica por cualquier decisión continuará recayendo en los funcionarios a cargo de cada entidad pública.
Con información de Diario Libre.
