Piden ampliar responsabilidad penal empresarial a 24 meses

SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldaron la propuesta de ampliar a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La iniciativa, depositada en el Senado por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, propone modificar el artículo 31 de la Ley núm. 44-26 para extender el período de adecuación de las empresas a las nuevas obligaciones.

ANJE PIDE MAYOR TIEMPO PARA LA ADECUACIÓN

ANJE señaló que la propuesta recoge planteamientos formulados desde 2025, entre ellos la necesidad de establecer una regulación diferenciada y proporcional para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

El gremio consideró insuficiente el plazo de tres meses, que vence el 5 de noviembre, para que las empresas puedan cumplir de manera efectiva con las nuevas exigencias y asumir los costos asociados.

Su presidente, Boris De León Reyes, afirmó que la normativa penal debe ser precisa y que su aplicación requiere reglas claras, proporcionalidad y un período razonable de preparación.

ANJE exhortó al Congreso Nacional a conocer la iniciativa antes de que concluya la vacatio legis y llamó a las instituciones del sistema de justicia y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a desarrollar programas de formación y modelos de cumplimiento ajustados al tamaño y nivel de riesgo de cada empresa.

ADESINC APOYA TRANSICIÓN ORDENADA

De su lado, Adesinc sostuvo que las empresas de seguridad necesitan más tiempo para fortalecer sus controles internos, capacitar al personal y revisar sus protocolos operativos.

Su presidente, Freddy González Estrada, explicó que el período adicional permitiría definir responsabilidades de dirección y supervisión y establecer mecanismos para prevenir delitos.

La entidad precisó que el aplazamiento se limitaría al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y no modificaría la entrada en vigor de las demás disposiciones del Código Penal ni las responsabilidades individuales, civiles o administrativas.

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