Observatorio de corrupción revela avances y retos en R. Dominicana

SANTO DOMINGO.- Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento en el país del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”

Concluyen que en República Dominicana «el menor avance ha sido en el eje sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde apenas el resultado ha sido poco más de un nivel bajo y los temas donde se registra mayor avance carecen de algunas normativas fundamentalmente necesarias para dar total cumplimiento a los compromisos».

Las entidades son Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa,

La gestión de gobierno dominicano que suscribió el compromiso de Lima en el 2018 «se caracterizó por una alta corrupción institucionalizada y daños a la justicia, donde ningún caso de corrupción de los denunciados fue objeto de sanción en los tribunales», afirmaron.

«En términos generales, se ha dado cumplimiento parcial a los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, sin embargo, pese al principio de continuidad de Estado, el cumplimiento de gran parte de las medidas adoptadas están sujetas al gobierno de turno, reflejando una debilidad en la voluntad de institucionalizar los esfuerzos, limitando la garantía de sostenibilidad en el tiempo, lo que se traduce a que no podamos indicar aún, que los mismos, en términos prácticos, se han constituido como compromisos de Estado».

• Las entidades recomiendan disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.

• Piden además «garantizar la independencia del Ministerio Público, con un respaldo legal, en el cual se modifique la forma de designación del/a Procurador/a General de la República (PGR), la cual, hasta el momento según el artículo 171 de la constitución la realiza el presidente de la nación.»