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Los Defensores del Pueblo de Iberoamérica se reunirán en RD

SANTO DOMINGO. – Unos 22 países de Iberoamérica se reunirán del 24 al 26 de noviembre en República Dominicana, a través de sus Defensores del Pueblo, Procuradores y Comisionados Públicos de Derechos Humanos, para…

Omar Fourment··Comentar

SANTO DOMINGO. – Unos 22 países de Iberoamérica se reunirán del 24 al 26 de noviembre en República Dominicana, a través de sus Defensores del Pueblo, Procuradores y Comisionados Públicos de Derechos Humanos, para analizar los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan dichos grupos para la vigencia plena de sus derechos fundamentales.

La Vigésima Quinta Reunión de Redes, Congreso y Asamblea General de la (FIO), cuyo tema central de la versión presente invoca el tema “Pandemia, buena administración pública y derechos humanos”, tendrá lugar en el Hotel Catalonia de esta capital, bajo el liderazgo del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa.

En un encuentro con periodistas, Ulloa explicó que a raíz de la pandemia de la covid-19, los grupos en situación de vulnerabilidad han visto acentuar sus entornos de riesgo poniendo de relieve las profundas desigualdades económicas y sociales de los países, y el reto que plantea garantizar sus derechos.

“Fundamentado en este hecho forzoso, y a sabiendas de que las Américas constituye la región más desigual de nuestro planeta caracterizada por profundas brechas sociales, urge recapacitar sobre los impactos de la COVID-19 en nuestras sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los desafíos que implica proteger efectivamente sus derechos”, apuntó.

Puso de relieve que en esta ocasión se escogerá el presidente de la FIO para los próximos dos años y sustituir a Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y al consejo rector que le acompañará.

“Con la realización de este evento se busca impulsar la buena administración pública, promoviendo políticas comunes que disminuyan los factores de vulnerabilidad de los migrantes, en el marco de una agenda común en la que podamos resignificar los derechos”, precisó.

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