Gobierno fija penas de 20 a 30 años por terrorismo medioambiental
El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26 para sancionar con rigor el daño deliberado a parques nacionales y ordenó a las Fuerzas Armadas y a Migración actuar contra autores y patrocinadores…
El Gobierno dominicano emitió este miércoles el Decreto 615-26, mediante el cual declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental, disponiendo que las agresiones deliberadas contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos enfrenten penas de 20 a 30 años de cárcel con el respaldo del nuevo Código Penal. La medida fue presentada por el presidente de la República, Luis Abinader, durante un acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
Durante la actividad, el mandatario catalogó como actos terroristas medioambientales los daños sistemáticos o la desaparición provocada en las áreas protegidas, advirtiendo que se aplicarán acciones drásticas tanto contra ciudadanos dominicanos como extranjeros que cometan estos delitos. El jefe de Estado precisó que se han girado instrucciones a las Fuerzas Armadas, a la Dirección General de Migración y a los cuerpos de inteligencia para someter a la justicia a los autores materiales —muchos de ellos nacionales haitianos— y a los patrocinadores dominicanos bajo el mismo peso de la ley.
Abinader señaló que durante décadas los parques nacionales carecieron de la atención y la seguridad jurídica necesarias, revelando que al inicio de su gestión la mayoría no contaba con títulos de propiedad a nombre del Estado, situación que se corrige mediante un proceso de titulación nacional. Asimismo, advirtió que gran parte de los incendios forestales recientes, como el ocurrido en el Parque Nacional de Bahoruco, son provocados por actividades ilícitas que destruyen la biodiversidad y comprometen el suministro de agua y la seguridad alimentaria del país.
Según establece el Decreto 615-26, la declaratoria prioriza la prevención, detección e investigación de infracciones graves contra ecosistemas estratégicos, otorgando protección especial a cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos. La normativa instruye además al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Policía Nacional y a Migración a diseñar una Política Nacional de Prevención y Combate frente a incendios intencionales y riesgos a la infraestructura hídrica y energética.
La disposición del Poder Ejecutivo ordena la remisión inmediata de cualquier agresión ambiental ante el Ministerio Público para asegurar la persecución penal correspondiente. De igual forma, el decreto establece la implementación de plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial destinados a garantizar la protección de los ciudadanos que colaboren con las autoridades.
