FP exige aplicar nuevo Código Penal contra fraude aduanero

SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió a las autoridades aplicar todo el peso del nuevo Código Penal contra los responsables del presunto fraude aduanero relacionado con el tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana, y reclamó una investigación que permita establecer responsabilidades en todos los niveles.

La posición fue fijada mediante un documento del exdiputado Orlando Espinosa, secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la organización, quien afirmó que el nuevo Código Penal, junto con la Ley General de Aduanas 168-21, ofrece herramientas para perseguir con mayor rigor los delitos económicos vinculados al desvío de mercancías declaradas en tránsito internacional.

INVESTIGACIÓN A TODOS LOS NIVELES

Espinosa sostuvo que las pesquisas no deben limitarse a quienes participan directamente en el traslado de las mercancías, sino determinar quiénes organizan, facilitan y se benefician de esas operaciones.

“Si la autoridad competente ha iniciado algún tipo de investigación, no deben detenerse en el eslabón más débil”, advirtió.

Explicó que, dependiendo de las infracciones que sean comprobadas, podrían configurarse delitos como contrabando, falsificación de manifiestos de carga, ruptura de precintos y soborno de funcionarios.

PRISION, MULTAS Y DECOMISO MERCANCIAS

El dirigente político indicó que las consecuencias podrían incluir prisión, multas y decomiso de mercancías y bienes utilizados en las operaciones ilícitas, entre ellos camiones, remolques e inmuebles.

También planteó que los recursos obtenidos mediante la comercialización ilegal podrían generar investigaciones por lavado de activos.

Espinosa destacó además la responsabilidad penal de las personas jurídicas y pidió investigar la posible participación de corporaciones, agencias aduanales, empresas de transporte y otros actores empresariales.

La FP afirmó que el ingreso irregular de mercancías destinadas al tránsito internacional afectaría las recaudaciones del Estado y perjudicaría a comerciantes, importadores y productores que operan legalmente.

La organización pidió profundizar las investigaciones, determinar la magnitud de las operaciones denunciadas y fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías en tránsito.

an/am