El informe de la JCE

Hay una escena que la política dominicana todavía no ha aprendido a interpretar: el ciudadano que, pudiendo votar, decide no hacerlo. No hay pancarta, discurso ni consigna. Solo una ausencia. Pero, a veces, la ausencia es una forma más poderosa de hablar que la palabra.

El “Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana”, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de CAPEL, y presentado por la Junta Central Electoral (JCE), coloca este fenómeno sobre la mesa con una conclusión que debería provocar una reflexión profunda en los partidos políticos: la abstención no puede explicarse únicamente por apatía, desinterés o dificultades logísticas. Detrás de ella existe una relación cada vez más compleja entre ciudadanía, representación y poder.

La democracia supone que el ciudadano acude a las urnas porque cree que su voluntad puede modificar el destino colectivo. Cuando esa convicción comienza a erosionarse, votar deja de ser un acto de esperanza y puede convertirse en un ritual vacío.

Sin embargo, el dominicano no parece haber renunciado a la democracia. Lo que parece estar agotándose es otra cosa: la confianza en quienes administran la representación democrática.

El ciudadano ya no solamente pregunta quién gobernará. También comienza a preguntarse para qué sirve votar si las promesas electorales terminan pareciéndose demasiado a las anteriores. Esta diferencia resulta fundamental.

Una cosa es rechazar la democracia y otra, muy distinta, desconfiar de quienes dicen representarla. Desde una perspectiva sociológica, esta situación puede interpretarse como una ruptura progresiva del pacto simbólico entre gobernantes y gobernados.

Durante décadas, la política dominicana se sostuvo, en buena medida, sobre redes de lealtad, favores, intermediarios, dádivas, empleos y movilización territorial.

El voto era también una relación personal: “Yo te apoyo porque tú me ayudas”. Pero la sociedad dominicana ha cambiado. Es más urbana, más conectada, más informada y, en muchos sentidos, más individualizada.

Ese viejo contrato comienza a resultar insuficiente. La política clientelar pretende comprar adhesiones; la ciudadanía contemporánea reclama razones, resultados y representación.

Por eso, la abstención puede ser también una forma de protesta.

El ciudadano que no encuentra una candidatura capaz de representarlo puede convertir su silencio en una negativa. No necesariamente está diciendo: “no me importa”.

Puede estar diciendo exactamente lo contrario:“Me importa demasiado como para entregarle mi voto a cualquiera”. El gran error de los partidos sería interpretar esta conducta como simple pereza cívica o indiferencia política.

Porque quizás el dominicano no está abandonando la política. Quizás está abandonando la política que le están ofreciendo. Y esa diferencia debería preocupar mucho más que cualquier porcentaje de abstención.

Una democracia no se deteriora solamente cuando los ciudadanos dejan de creer en ella. También se deteriora cuando siguen creyendo en la democracia, pero dejan de creer que votar sea suficiente para transformar su realidad. Ahí está, probablemente, la verdadera advertencia que plantea el informe de la JCE.

El problema no es únicamente cuántos dominicanos no fueron a las urnas. El problema de fondo es mucho más profundo:¿Por qué dejaron de sentir que valía la pena ir? Responder esa pregunta debería ser una prioridad para los partidos, los candidatos y las instituciones democráticas.

Porque una ciudadanía que todavía cree en la democracia, pero comienza a perder la confianza en sus mecanismos de representación, no está necesariamente indiferente.

Está exigiendo que la política vuelva a darle razones para creer.

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