Decreto 672-26 reserva compras sociales a mipymes industriales
El Poder Ejecutivo dispuso que las licitaciones de auxilio social en Minerd, INABIE y SNS adquieran solo manufactura dominicana. Los proveedores deberán contar con Registro Industrial y certificación del MICM…
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 672-26, mediante el cual instruye a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes industriales) las compras destinadas a asistencia social. La disposición, dictada por el presidente Luis Abinader, abarca las contrataciones para programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social, según informó la Presidencia de la República.
De acuerdo con la información oficial, la medida se fundamenta en las directrices de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26. El mandato busca fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y dinamizar la generación de empleos, además de garantizar que las compras de asistencia adquieran bienes y servicios de manufactura dominicana sin intermediación no autorizada.
La disposición aplica a entidades estatales clave entre las que se encuentran el Ministerio de Educación (Minerd), el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales Supérate y Promese/CAL. El decreto también abarca las contrataciones del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la Vivienda, junto a otras dependencias públicas enfocadas en la protección social y sectorial.
Para acceder a estos procesos de compra exclusiva, las empresas oferentes deberán contar con el Registro Industrial emitido por Proindustria y poseer la Certificación Mipymes o Mipymes Mujer otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Asimismo, el texto normativo establece como requisito obligatorio que los participantes estén inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
La orden ejecutiva crea la Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para coordinar la oferta productiva y asegurar el cumplimiento de la norma. Además, fija un plazo no mayor de cuatro meses para que el MICM realice un levantamiento de los bienes y servicios del sector industrial local, e instruye a Proindustria a modernizar y digitalizar el Registro Industrial para su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.
