CARD pide CPJ poner a funcionar las Jurisdicciones Especializadas

SANTO DOMINGO. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Consejo del Poder Judicial (CPJ) para que ponga en funcionamiento el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas, cuyos trabajos se encuentran paralizados desde hace más de un año, por orden del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina.

El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, afirmó que el nuevo edificio aún no ha sido puesto en operación a pesar de estar terminado en más de un 90%  y pese a las precariedades por ausencia de espacios en que funcionan los Tribunales Superiores Administrativos y de Familia, jurisdicciones esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

“Con este cierre el Consejo del Poder Judicial lo que pretende es de sabotear los servicios presenciales para justificar la aprobación de una virtualidad totalmente inconstitucional, contraria a la reciente decisión del Tribunal Constitucional, TC 0286-21, que declaró inconstitucionales las audiencias virtuales”, manifestó.

Denunció  que no sólo se encuentra paralizada la construcción de ese Palacio de Justicia, sino también otras 8 edificaciones, entre ellos el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria de Azua y Sánchez Ramírez, lo que representa una verdadera tragedia para el Estado de Derecho de nuestro país.

“En el caso de Azua la construcción está a nivel de terreno, aún no han iniciado la estructura y alrededor de 20 contratistas están sin recibir su pago, según informes que poseemos”, afirmó.

Advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y que recurrirán a las medidas que sean necesarias para lograr que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales la justicia virtual y dispone la apertura de todos los tribunales y servicios judiciales, para que la Justicia sea igual para todos y que se ejerza en espacios adecuados.

El presidente del CARD ofreció estas declaraciones durante una protesta-vigilia junto a decenas de miembros  para exigir la apertura de tribunales y mejoría de los servicios presenciales.

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