Jueza de EE. UU. frena operativos del DHS en nueve estados
La orden judicial prohíbe interrogar a votantes en California, Nueva York y otras siete demarcaciones. El Gobierno de Donald Trump tiene hasta este viernes para apelar el fallo…
Una jueza federal en California ordenó frenar la mayor parte de las operaciones de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vinculadas a denuncias de fraude electoral en nueve estados, según reportó El Nuevo Diario y confirmó Noticias SIN. La decisión judicial fue emitida el miércoles y divulgada este jueves por la magistrada Araceli Martínez-Olguín.
El dictamen de la jueza prohíbe al DHS llevar a cabo “operaciones de campo y entrevistas en terreno relacionadas con las elecciones” en los estados de California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. De acuerdo con el reporte, estas acciones quedan bloqueadas únicamente en los casos en que los agentes federales sospechen de personas que, bajo su juicio razonable, son ciudadanos estadounidenses.
En semanas recientes, miembros de la agencia gubernamental ejecutaron diversos operativos para investigar presuntas irregularidades electorales, en los que interrogaron a votantes inscritos a partir de padrones oficiales y bases de datos comerciales. La magistrada calificó esas listas como «cuestionables» a lo largo de su resolución de 19 páginas.
En el fallo, la jueza Martínez-Olguín puntualizó que la querella no alega que sea ilegal que los funcionarios federales investiguen el voto ilícito en comicios federales, sino que busca impedir que intimiden a ciudadanos y amenacen su participación electoral. La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
Al respecto, el abogado Beau Tremitiere, representante de los demandantes por la organización Protect Democracy, afirmó en un comunicado que el fallo ratifica que el poder supremo reside en los ciudadanos y no en el Gobierno. Por su parte, un portavoz del DHS declaró al periódico The Washington Post que la entidad no tiene previsto investigar a votantes que considere ciudadanos estadounidenses.
El tribunal otorgó un plazo hasta este viernes para que entre en vigor la orden judicial. Esta ventana de tiempo brinda la oportunidad formal al Gobierno del presidente Donald Trump de interponer un recurso de apelación contra la medida.
