Senado chileno aprueba ley para agilizar expulsiones migratorias
La iniciativa faculta a la policía a allanar hogares con orden judicial en 24 horas y amplía el veto de reingreso a cinco años…
El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley destinado a acelerar las órdenes de expulsión administrativa contra personas foráneas que infrinjan las normas legales en esa nación, facultando a las fuerzas policiales a ingresar a domicilios privados para hacer cumplir las disposiciones vigentes cuando cuenten con autorización judicial. La iniciativa legislativa recibió el respaldo mayoritario de la cámara alta con 37 votos favorables y una única abstención, tras ratificar las conclusiones presentadas por una comisión mixta de senadores y diputados.
Con este nuevo instrumento normativo, los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) podrán solicitar formalmente a un juez de garantía un permiso de allanamiento para localizar y arrestar a extranjeros sujetos a decretos de salida forzosa. El juez correspondiente tendrá una ventana máxima improrrogable de 24 horas para pronunciarse y resolver el petitorio policial.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot, argumentó que los cambios legales permitirán superar los obstáculos procesales que frenaban la aplicación de las medidas y aportarán mayor certeza jurídica a las determinaciones del Estado. La reforma extiende asimismo el veto de retorno a territorio chileno, elevando de tres a cinco años el lapso mínimo de impedimento de entrada para infracciones específicas, y contempla mecanismos de repatriación expedita para extranjeros sin estatus migratorio regular involucrados en ciertas causas penales autorizadas por los tribunales.
Datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelan que más de 330,000 personas extranjeras viven en condición migratoria irregular en el país sudamericano. Al mismo tiempo, informes oficiales indican que existen más de 75,000 resoluciones de expulsión pendientes de cumplimiento material, de las cuales prácticamente la mitad involucra a personas con nacionalidad venezolana.
Con información de N Digital.
