Piden frenar plantas en Manzanillo y reclaman US$200 millones
Organizaciones comunitarias y ecológicas depositaron una querella en Montecristi contra Manzanillo Gas & Power por presuntos daños al Parque Nacional Manglares Estero Balsa. La acción penal solicita medidas cautelares…
Organizaciones ambientales y comunitarias solicitaron la suspensión inmediata de la construcción de dos plantas de generación eléctrica de 430 megavatios cada una en Manzanillo, al denunciar que las obras dañan la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa. La acción legal, reportada por El Nuevo Diario y confirmada por Noticias SIN, incluye un reclamo de indemnización por US$200 millones y peticiones de diez años de prisión para directivos del proyecto.
La solicitud formal fue presentada mediante una querella con constitución en actor civil depositada ante la Procuraduría Regional especializada en Medio Ambiente de Montecristi. El recurso fue interpuesto por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) y dirigentes comunitarios, quienes pidieron apoderar con carácter de urgencia al juez de la Instrucción de esa demarcación para dictar una medida cautelar que paralice las labores.
La demanda económica por daños y perjuicios está dirigida contra el consorcio Manzanillo Gas & Power, S. A., y sus empresas asociadas, por el alegado impacto negativo en las comunidades, la biodiversidad y el parque protegido. De igual forma, los accionantes requirieron sanciones de diez años de cárcel para Luis Mejía Brache, administrador del Consejo de Administración del consorcio, y para Sharon Cabral Sánchez, secretaria de su Junta de Administración.
El proyecto energético en litigio contempla una inversión superior a los US$1,750 millones, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para generar electricidad con gas natural licuado. Según los querellantes, esta constituye la segunda acción judicial contra la iniciativa, tras una primera querella radicada el 7 de octubre ante la Procuraduría General de la República que pide procesar con igual pena de diez años al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, como presunto coautor y promotor.
Entre las irregularidades señaladas en el expediente figura la presunta destrucción de unos 575,000 metros cuadrados de vegetación y el relleno con terraplenes de más de seis metros sin contar con estudios ni licencia ambiental. Los denunciantes también sostienen que las obras invaden humedales reconocidos bajo el sitio Ramsar 2497 e involucran un gasoducto de 832 metros, una terminal marítima y dos unidades flotantes de almacenamiento de gas frente a los manglares.
