El espejismo de El Salvador
Entre la seguridad ciudadana y la demolición de los contrapesos institucionales La fascinación contemporánea por modelos de mano dura –con El Salvador de Nayib Bukele como epicentro de un debate global– pone a prueba la…
Entre la seguridad ciudadana y la demolición de los contrapesos institucionales
La fascinación contemporánea por modelos de mano dura –con El Salvador de Nayib Bukele como epicentro de un debate global– pone a prueba la solidez democrática de América Latina. No se puede negar la realidad: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta, rehén de estructuras criminales transnacionales que asfixiaban la vida comunitaria y económica, a exhibir índices de seguridad ciudadana que asombran por su efectividad inmediata.
La estrategia salvadoreña no consistió únicamente en combatir el delito, sino en neutralizar los contrapesos institucionales: destitución exprés de magistrados de la Corte Suprema, control absoluto del Ministerio Público, suspensión indefinida de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción prorrogados y una reforma constitucional a la medida para garantizar la reelección indefinida.
Del mesianismo histórico a la trampa de las tiranías electivas
Este fenómeno reedita la máxima atribuida a Luis XIV, conocido como el Rey Sol, “El Estado soy yo”, pero ahora bajo nuevos ropajes comunicacionales. Las autocracias modernas ya no necesitan obligatoriamente de cuarteles golpistamente abiertos; operan desde adentro, vaciando de contenido la democracia representativa con el beneplácito de muchedumbres cansadas del fracaso de la política tradicional.
La historia universal está plagada de espejismos similares que contaron con la validación entusiasta de las masas. Un ejemplo paradigmático ocurrió en la Europa de entreguerras con el ascenso del régimen fascista en Italia bajo Benito Mussolini. A principios de los años veinte, Italia venía de una profunda descomposición institucional, huelgas crónicas, parálisis estatal y violencia callejera.
Renunciar al Estado constitucional bajo la premisa de que el fin justifica los medios institucionales es un error trágico. La seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción son metas imperativas de todo Estado democrático, pero nunca pueden constituirse en coartadas para instaurar dictaduras electivas.
¿Hasta qué punto la desesperación social ante la inseguridad seguirá impulsando a los pueblos latinoamericanos a sacrificar la democracia liberal a cambio de resultados punitivos inmediatos?
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