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Política

Gobierno proyecta otorgar hasta 350 mil títulos de propiedad

El plan de titulación suma 173,540 certificados tramitados desde 2020 y mantiene más de 156,000 trámites catastrales activos en el país…

La Redacción··Comentar

El Estado dominicano se plantea cerrar la presente administración gubernamental con la adjudicación acumulada de entre 300,000 y 350,000 títulos de propiedad inmobiliaria formalizados en beneficio de ocupantes de terrenos estatales, según anunciaron las autoridades durante la rendición de cuentas del sector hábitat.

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, precisó que esa dependencia ha entregado 173,540 certificados de propiedad jurídica a partir de 2020, abarcando 176 proyectos regularizados a lo largo de las provincias del país.

Del total consolidado por dicho organismo, 148,985 documentos corresponden a solares con viviendas levantadas y 24,555 pertenecen a parcelas rurales destinadas a labores agrícolas. Méndez informó adicionalmente que otros 156,755 títulos se encuentran en pleno procesamiento técnico dentro de las fases de mensura catastral, levantamiento topográfico y registro inmobiliario.

Al integrar los trámites ejecutados por organismos complementarios, tales como el Instituto Agrario Dominicano, el Consejo Estatal del Azúcar y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el presidente Luis Abinader calculó en aproximadamente 180,000 las titulaciones materializadas globalmente por su administración en el territorio nacional.

El mandatario detalló en el encuentro LA Agenda Semanal que la traba recurrente para finiquitar ciertos expedientes radica en desacuerdos jurídicos originados por expropiaciones de décadas previas que todavía figuran a nombre de particulares en el registro de títulos, requiriendo saneamientos legales antes de la entrega final de las constancias.

Las jornadas de titulación forman parte de la estrategia estatal para reducir el déficit habitacional y aportar seguridad jurídica a familias vulnerables de barriadas y asentamientos campesinos que carecían de respaldo legal sobre sus posesiones.

Con información de El Día.

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