UDC: “inaceptable y chantaje” restricciones Haití comercio RD

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis  Acosta Moreta, calificó como un “inaceptable y vil chantaje” las restricciones que, según afirmó, autoridades haitianas estarían aplicando a productos elaborados en República Dominicana.

Acosta Moreta sostuvo que Haití estaría colocando trabas de manera unilateral al intercambio comercial por Dajabón y otros puntos fronterizos, situación que, a su juicio, no debe ser aceptada por las autoridades dominicanas.

CUESTIONA RESTRICCIONES AL COMERCIO

El dirigente político recordó que Haití depende en gran medida de productos provenientes de República Dominicana, entre ellos alimentos, artículos de uso cotidiano y materiales para la construcción.

Afirmó que las restricciones impuestas al comercio binacional afectan a los comerciantes de ambos países y consideró necesario adoptar medidas ante lo que definió como un intento de presión sobre República Dominicana.

En ese sentido, planteó ampliar los controles en la frontera y no descartó el cierre del mercado binacional si las autoridades haitianas continúan obstaculizando el intercambio comercial.

PIDE MAYOR VIGILANCIA EN LA FRONTERA

Acosta Moreta también reclamó una vigilancia permanente de la zona fronteriza para evitar el ingreso de personas en condición migratoria irregular.

Afirmó que en el país permanecen miles de ciudadanos haitianos sin documentación legal y sostuvo que las medidas de deportación ejecutadas por la Dirección General de Migración deben ser ampliadas.

“El que esté ilegal no puede permanecer en territorio dominicano”, sostuvo, al considerar que el control migratorio forma parte de la soberanía nacional.

RECHAZA ENSEÑANZA DEL CREOLE

El presidente de la UDC cuestionó además la presencia de estudiantes de origen haitiano en las escuelas públicas y rechazó cualquier iniciativa que, según dijo, pretenda incorporar el creole como materia oficial del sistema educativo dominicano.

Afirmó que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas nacionales en materia migratoria y educativa.

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