Violaciones y pactos de silencios

Definitivamente la República Dominicana está   dominada en pleno Siglo XXI por una conducta  fundamentada en  complicidades, pactos de silencios y violaciones  absurdas entre el Estado, las clases dominantes y los partidos políticos.

Aquí  en  esta media Isla  desde el nacimiento de la Republica hasta la fecha   lo que más se ha destacado  como una constante histórica oprobiosa entre todos los actores que han tomado decisiones  a lo largo de los más 150 años de vida republicana  es la burla a la Constitución,  las leyes  y  la voluntad de los gobernados. Y esto no puede ser.

Por ejemplo, resulta  inaceptable  que en un momento como el actual en que el mundo vive lo que muchos asesores geopolíticos  internacionales han denominado  la ¨revolución de la transparencia¨, aquí  en este  país hayan funcionarios gubernamentales  y servidores municipales y de otra índole  que se resistan  hacer  su declaración jurada de bienes.

De igual manera, es imposible tolerar que a esos ciudadanos se les sigan tolerando la burla  de violentar  la   Constitución de la República, en su artículo 146, que   los obliga  a presentar declaración jurada de bienes a los fines de  promover la transparencia y la  gestión ética.

Esto  quiere decir que, aquellos funcionarios designados por decreto, como ministros, directores de instituciones centralizadas y descentralizadas, embajadores, cónsules y otros, tienen la obligación de respetar el  mandato Constitucional y  lo  que establece la Ley  de Declaración Jurada  311-14 y su reglamento de aplicación.

Repito, es inadmisible que este tipo de violaciones  a la Constitución y a la Ley 311-14 sobre la Declaración Jurada de Bienes siga pasando como quien ve llover y nada pasa. Así nos vamos para ninguna parte. Ya es hora de que las autoridades competentes se despojen de esos viejos y nocivos  patrones de complicidades, pactos de silencios y solidaridades mal entendidas y  apliquen sin contemplaciones  el régimen de consecuencia que pone a su disposición la misma Constitución y la Ley 311-14 que rige sobre la materia. Más nada.

El Presidente Danilo Medina y la presidenta de la  Cámara de Cuentas de la República, Licelot Marte; están en el  deber de  aplicar las medidas sancionadoras que indican las leyes a los fines de que se detengan esas desagradables violaciones.

Finalmente, sino hacemos esto es muy probable que vengan de fuera a imponernos cosas  y pasemos malos momentos al estilo Brasil  y otros países de corte progresistas que no le han puesto atención a este componente de Transparencia que están exigiendo los dueños del mundo y sus soportes ideológicos en la Región. Ojo…