Sanear las ONG cumpliendo la ley 

Decenas de ASFL fueron incorporadas en el 2020 por el nuevo gobierno sin cumplirse la Ley 122-05 que exige averiguar el historial de servicios y las asambleas del peticionario antes de ser incorporadas y habilitadas y está por verse si van a cumplir la disposición de entregar el informe de gastos anual para fiscalizar.

Alrededor de 995 asociaciones sin fines de lucros ASFL fueron aprobadas por la Digepres en 2021 para entregarles $1,841 millones del presupuesto sin importar el manejo de tantos recursos a discreción en medio de las quejas que exigen su saneamiento.

Presidencia tiene 135 ONG y recibe $181 millones, Conani 60 y recibe $90 millones, Conape 64 y administra $112 millones, Conadis 54 y gasta $63 millones, Educación 228 y entrega $278 millones, Salud Pública 117 y recibe $611 millones y el Ministerio de Deporte 60 y reparte $70 millones, Agricultura tiene 37 ONG y gasta $81 millones

Industria y Comercio 16 y administra $14 millones, Turismo 1 y recibe $1 millón, Cultura 61 y entrega $58 millones, Min. de la Mujer 40 y reparte $41 millones, Min. de la Juventud 11 y tiene $6 millones, Medio Ambiente 51 y asignado $99 millones, Mescyt 18 y distribuye $127 millones y Energía y Minas 2 y gasta $2 millones.

Más del 40% de esas ONG no entrega su informe de gastos para el mes de marzo como manda la Ley. Pero firmar un acuerdo entre el Ministro de Planificación Miguel Ceara Haton y el de Contrataciones Públicas Carlos Pimentel para regular los procesos de compras y vigilar el gasto es inaplicable por el monto y cantidad de ONG

La DGCP no ha podido regular los 734 órganos públicos existentes y menos podrá regular a más de 995 ONG privadas. Tampoco la Cámara de Cuentas está en capacidad de fiscalizar y la Contraloría es tan débil que ve los fraudes en entidades públicas y los deja pasar.

De estas ONG, las que más ingresos reciben son: Rehabilitación $140 Millones, Hogar Crea $51 millones, Cruz Jiminián $33millones, Asociación Probienestar de la Familia $30 millones, Comité Olímpico Dominicano $42 millones, Corazones Unidos $39 millones, y el Patronato para Administración de Parque de Santiago $31M.

Hay un reparto excesivo e irracional a las iglesias. La presidencia le entrega $25 millones al servicio social de iglesias dominicana, $6 millones al divino niño y $6 millones a acción evangelizadora católica pero el Minerd reparte más de $53 millones a 60 organizaciones de iglesias, $6 millones al Codue y $5 millones a la mesa del diálogo.

Otro reparto arbitrario lo hace el Mescyt cuando entrega por la Ley 122-05 de ONG más de $78 millones a 5 universidades privadas sin ser ASFL: Tecnológica del Sur, Católica del Cibao, ISA inc, Católica Tecnológica de Barahona, y Adventista Dominicana. Sin embargo el Patronato UASD Baní, Neyba y Hato Mayor como ONG se reparten $47 millones pero no están incluidos como beneficiarios de esta ley.

Conadis, Conani, Salud Pública y Deporte tienen sus ONG pero con la excepción del Ministerio de Energía y Mina, y del Mescyt, las demás instituciones que tienen ONG y que reciben recursos tienen organizaciones de discapacidad, de niños, de salud y de deportes, el mismo desorden de las duplicidades de funciones del Estado.

Aunque hubo una disminución de ONG y de recursos en comparación con el 2020. No se debe permitir la incorporación de nuevas ONG teniendo más de 7 mil incorporadas. Y el gobierno debe parar la aprobación de recursos a las ASFL que no entregan sus gastos.

El papel de las instituciones públicas de solicitar la incorporación de las ONG, el de la Procuraduría de habilitarla e incorporarlas y de Hacienda de asignar los recursos son las que se tienen que poner de acuerdo para hacer respetar la ley y sancionar las ONG.

Lo ideal es que se eliminen las ONG para terminar con las duplicidades de funciones y fortalecer las instituciones públicas, pero proponer esto en una democracia de clientela es un sueño. Cumplir las promesas de sanear las ONG sin respetar la ley es inviable.