Fiscal NY busca evitar represalias contra trabajadores inmigrantes
NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este miércoles un proyecto de ley para rendir cuentas con los empleadores que tomen represalias contra los trabajadores que son amenazados con que se…
NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este miércoles un proyecto de ley para rendir cuentas con los empleadores que tomen represalias contra los trabajadores que son amenazados con que se exponga su estatus migratorio ante las autoridades, como cree que ocurrió con una empleada del club de golf de Donald Trump.
La futura legislación enmendaría la Ley Laboral de Nueva York para aclarar que las represalias ilegales incluyen ponerse en contacto o amenazar con contactar a las autoridades de inmigración acerca de la sospecha de ciudadanía o de un estatus migratorio de un empleado, o la sospecha de ciudadanía o estado migratorio de la familia o miembro de la familia de un empleado.
El anuncio se produce inmediatamente después de los informes de que una empleada del club de golf del presidente Donald Trump «fue amenazada con ser deportada si se pronunciaba contra su jefe».
La Oficina de la Fiscal General de Nueva York también ha recibido numerosos informes de amenazas similares hechas a empleados por otros empleadores, informa.
«El estado de Nueva York fue construido por inmigrantes y siempre se ha mantenido orgulloso como un faro de esperanza y oportunidad para todos, sin importar dónde hayan nacido», dijo Letitia James.
«Este proyecto de ley representará un paso crítico hacia la protección de algunos de nuestros trabajadores más vulnerables al garantizar que no sean silenciados o castigados por amenazas relacionadas con su estatus migratorio», agregó.
La actual Ley Laboral de Nueva York dicta que un empleador no puede despedir, amenazar, penalizar o discriminar a un trabajador que denuncie o se queje de salarios mínimos, horas extras u otras violaciones de salarios y horas.
Esta legislación codificaría la definición de conducta de represalia para incluir amenazas contra una persona con respecto a su estatus migratorio. La violación de esta ley sería un delito menor de Clase B y conllevaría hasta tres meses de cárcel y una multa de hasta 20.000 dólares.
