Pacheco condena intento de arresto de la diputada Millys Martínez
El presidente de la Cámara de Diputados invocó el artículo 86 de la Constitución sobre inmunidad parlamentaria tras el incidente con un coronel policial, según reportó El Día…
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó la agresión contra la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña, ocurrida durante un incidente en el que un oficial de la Policía Nacional intentó arrestarla, según reportó El Día en una cobertura confirmada por El Nuevo Diario. El hecho trascendió a través de un video difundido públicamente en el que la legisladora se observa esposada por miembros de la uniformada.
Pacheco manifestó su firme rechazo a la actuación policial contra Martínez e insistió en que el coronel De León intentó apresarla al margen de las garantías legales vigentes. Al fijar su posición, el titular del órgano legislativo recordó que la Constitución de la República Dominicana consagra protecciones expresas para el ejercicio de la labor congresual, prerrogativas institucionales que deben ser acatadas por todas las autoridades y los organismos de seguridad del Estado.
En sus declaraciones, Pacheco citó de forma puntual el artículo 86 de la Constitución, relativo a la protección de la función legislativa. Dicha disposición fundamental establece que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante el transcurso de la legislatura sin contar previamente con la autorización de la cámara a la que pertenece, con la única salvedad de que sea sorprendido en el momento flagrante de cometer un crimen.
El presidente del cuerpo legislativo subrayó que la observancia de estas normativas resulta indispensable para asegurar la independencia en las labores de fiscalización, legislación y representación asignadas a los congresistas. Asimismo, enfatizó que la inmunidad parlamentaria no responde a un privilegio de carácter personal, sino a una salvaguarda constitucional orientada a preservar el adecuado funcionamiento del Poder Legislativo y el equilibrio democrático entre los poderes del Estado.
Finalmente, Pacheco reiteró que cualquier procedimiento efectuado por los cuerpos de seguridad pública debe circunscribirse rigurosamente al marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional. El legislador recalcó que las autoridades tienen el deber ineludible de respetar las garantías institucionales que tutelan a los funcionarios electos por la ciudadanía dominicana.
