Minería supedita proyectos extractivos a la protección del agua
El director de la entidad estatal, Rolando Muñoz, afirma que los yacimientos no podrán operar sin estudios que certifiquen el resguardo de cuencas hídricas…
La Dirección General de Minería estableció que ningún proyecto de aprovechamiento extractivo será autorizado en la República Dominicana si pone en peligro la seguridad de los recursos hídricos, exigiendo estudios científicos rigurosos y diagnósticos técnicos previos antes de considerar cualquier concesión minera en el territorio nacional.
El titular del organismo regulador, Rolando Muñoz, afirmó durante una disertación reseñada por El Nuevo Diario que la preservación de los afluentes de agua constituye una condición innegociable frente a cualquier perspectiva económica. El funcionario enfatizó que la evaluación de los proyectos debe fundamentarse en datos comprobables y rigor científico, desestimando que las aprobaciones dependan únicamente de cálculos de rentabilidad financiera o de presiones particulares.
Muñoz defendió un modelo de sostenibilidad integral aplicable no solo a las minas, sino también al turismo, la edificación de obras y las tareas agropecuarias. En su exposición, destacó que el examen ambiental debe ponderar las inversiones que impulsan el bienestar comunitario en aspectos como la enseñanza básica, los caminos y las instalaciones de servicios básicos en las zonas de extracción.
Como caso ilustrativo, el funcionario citó la trayectoria del municipio de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, donde las labores mineras formales se desarrollan desde 1975. Detalló que en esa demarcación se han edificado obras hidráulicas determinantes que no solo suministran el líquido a los residentes locales, sino que garantizan el riego para la producción de arroz y otros cultivos agrícolas en la cuenca del Bajo Yuna.
Por último, el director general recordó que todas las fases de prospección y explotación deben regirse estrictamente por las disposiciones de la Constitución dominicana, particularmente su artículo 14, el cual consagra la soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables y la obligación de tutelar el patrimonio ambiental en beneficio de la colectividad.
Con información de El Nuevo Diario.
