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Económicas

La auditoría no es justicia: del hallazgo a las consecuencias

POR VICTOR GARRIDO PERALTA Una auditoría puede revelar pagos sin soportes suficientes, contrataciones contrarias a las normas u obras cuyo avance no corresponde con los recursos desembolsados. Es un trabajo…

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Una auditoría puede revelar pagos sin soportes suficientes, contrataciones contrarias a las normas u obras cuyo avance no corresponde con los recursos desembolsados. Es un trabajo indispensable. Pero un hallazgo no es una sentencia: una observación no equivale a un daño definitivamente establecido, y un posible perjuicio no demuestra por sí solo la comisión de un delito.

La transparencia permite conocer; la rendición de cuentas obliga a actuar y demostrar qué se hizo. Publicar una auditoría abre una puerta, pero no la cruza. La prueba está en saber si las observaciones recibieron respuesta, si se corrigieron las deficiencias, si se determinaron responsabilidades y si se procuró reparar el patrimonio cuando se comprobó un daño.

La Ley 18-24, que regula la Cámara de Cuentas, dispone que los informes definitivos de control externo se publiquen en un plazo máximo de 72 horas, que sean conocidos por el Pleno dentro de los 30 días siguientes a su finalización y que no sean archivados. También establece el carácter obligatorio de las recomendaciones y exige su seguimiento y evaluación permanente. Por su parte, la Ley 10-07 asigna a los titulares de las entidades públicas la responsabilidad principal por el control interno y compromete a los servidores en el cumplimiento de los controles correspondientes. Son ámbitos distintos, pero convergen en una exigencia: el control debe operar antes, durante y después del gasto.

El 5 de octubre de 2026, la Contraloría General anunció la publicación de 28 informes: 25 auditorías integrales y tres informes de seguimiento, correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025. La divulgación, dispuesta por el Poder Ejecutivo, amplía la información disponible y merece reconocerse. Debe distinguirse, sin embargo, de las obligaciones legales de publicación de los informes definitivos de la Cámara de Cuentas. Y deja preguntas esenciales: ¿cuántas recomendaciones se cumplieron?, ¿qué deficiencias se corrigieron?, ¿qué responsabilidades se determinaron y qué ocurrió con los hallazgos remitidos a las autoridades competentes?

No se trata de presumir que toda observación encubre corrupción ni de convertir un informe en condena pública. Las responsabilidades administrativas, civiles o penales deben determinarse por las autoridades competentes y con respeto al debido proceso. La Cámara de Cuentas ejerce el control externo; la Contraloría y las unidades de auditoría interna intervienen en el control interno; las autoridades administrativas adoptan las medidas de su competencia; el Ministerio Público investiga los hechos que puedan constituir infracciones penales, y los tribunales deciden. Confundir esas funciones debilita el control y facilita que las responsabilidades se diluyan.

Lo exigible es que ningún hallazgo quede sin trazabilidad. Debe conocerse qué se observó, quién debía responder, qué recomendación se formuló, qué medida se adoptó, quién debía ejecutarla y cuál fue el resultado. Cuando proceda una investigación, debe informarse —dentro de los límites legales— si el caso fue remitido y qué decisión se produjo. No para anticipar culpabilidades, sino para impedir que el silencio administrativo sustituya la rendición de cuentas.

También importa la reparación. Una sanción no devuelve necesariamente el dinero; una investigación abierta no recupera recursos, y una condena penal no significa que el patrimonio haya sido restituido. Según lo que determine la autoridad competente, la reparación puede requerir restitución, indemnización, decomiso u otros mecanismos legales. Por eso deben distinguirse los montos observados, los daños patrimoniales determinados, las sumas reclamadas y los recursos efectivamente recuperados. No son categorías intercambiables.

La renegociación del contrato de AERODOM ofrece un ejemplo de la trazabilidad que debe exigirse, no una prueba de irregularidad. En octubre de 2026, el Gobierno informó que había contratado obras por RD$31,109 millones con recursos vinculados a esa renegociación y que había ejecutado RD$9,545 millones. También indicó que los proyectos estaban en distintas etapas y que la Comisión de Veeduría recomendó auditorías técnicas y financieras de cada obra. Son datos comunicados oficialmente, no una verificación independiente de la ejecución física, financiera y de la calidad de cada proyecto.

La pregunta es si puede seguirse el recorrido de esos recursos desde su ingreso y registro presupuestario hasta cada contrato, pago, avance físico, costo final y comprobación independiente. La ciudadanía debe poder contrastar lo presupuestado, lo contratado, lo pagado y lo efectivamente construido. La trazabilidad no presupone irregularidad: permite descartarla o demostrarla.

La prevención comienza antes del pago: justificación, autorización competente, disponibilidad presupuestaria, documentación suficiente y controles efectivos. Durante la ejecución deben verificarse los bienes, servicios y trabajos certificados; después, el cumplimiento contractual, la calidad y los resultados. La tecnología facilita la trazabilidad, pero no sustituye la responsabilidad funcionarial ni la independencia del control. Los datos deben publicarse oportunamente en formatos comprensibles y comparables.

El patrimonio público sostiene servicios y oportunidades. Una gestión deficiente puede dejar obras inconclusas, centros de salud desabastecidos o escuelas sin recursos. La fiscalización debe preguntar qué necesidad ciudadana quedó desatendida y cómo será corregida.

La fiscalización no se mide por la cantidad de informes ni por el volumen de montos observados. Se mide por las correcciones verificables, las responsabilidades establecidas cuando proceda, la reparación del daño y la prevención de nuevas fallas. Cada auditoría debe abrir una secuencia de seguimiento con responsables, plazos, decisiones y resultados, respetando la privacidad y las reservas legales.

El dinero público tiene origen, destino y responsables de administrarlo. La sociedad necesita saber qué se investigó, qué se corrigió, qué responsabilidades se establecieron y cuánto se recuperó. Un Estado que descubre, pero no corrige; que audita, pero no sigue sus recomendaciones; que identifica posibles daños, pero no informa cómo procura repararlos, convierte la fiscalización en un ritual documental. La transparencia empieza cuando el ciudadano puede conocer. La rendición de cuentas se completa cuando puede comprobar que hubo respuesta.

La auditoría debe abrir el camino. El Estado debe responder. Y el pueblo debe poder comprobar los resultados. ¡Juntos podemos!

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