Jueza federal prohíbe a Trump amenazar a funcionarios electorales
La magistrada Trina Thompson vetó además exigir la exclusión de votantes del padrón a días de las elecciones de medio mandato. La orden obliga a notificar a los empleados advertidos…
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este viernes al Departamento de Justicia cesar de inmediato las amenazas de procesamientos penales contra funcionarios electorales estatales y locales por su gestión de las disputas sobre requisitos para votar, según reportó Noticias SIN en una cobertura confirmada por El Nuevo Diario. La orden judicial fue emitida a pocos días de la celebración de las elecciones de medio mandato en ese país.
La magistrada Trina Thompson, perteneciente al tribunal federal del distrito norte de California, dictó la medida cautelar en respuesta directa a una demanda judicial presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otras organizaciones aliadas. Thompson prohibió también a la Administración del presidente Donald Trump exigir que se elimine a votantes de los padrones electorales, que se rechace la entrega de papeletas a determinados electores o que se separen votos emitidos en las elecciones de noviembre bajo presuntas dudas sobre su elegibilidad.
De igual manera, la orden impone una obligación específica al Departamento de Justicia, que deberá contactar a los funcionarios estatales y locales que hayan recibido advertencias previas de posibles procesamientos para notificarles que esas amenazas se encuentran formalmente prohibidas. Al sustentar la decisión, Thompson argumentó que el interés público demanda que los trabajadores electorales puedan desempeñar sus labores con apego a la legislación federal y a los procedimientos electorales establecidos.
El fallo judicial se suma a otras decisiones emitidas en los tribunales estadounidenses en contra de las iniciativas de la Administración de Trump para intervenir en la elegibilidad de los votantes. Esta misma semana, el juez federal David Carter rechazó una solicitud del Departamento de Justicia para anular hasta 20.000 votos de personas señaladas por las autoridades como posibles no ciudadanas en California, postura que un tribunal de apelaciones ratificó y mantuvo plenamente vigente este viernes.
