Jueza de EE. UU. autoriza pedir embargos a bienes de Argentina
El fondo Titan Consortium busca cobrar una indemnización de US$390.9 millones por la estatización de la línea aérea de bandera en 2009…
Una corte federal estadounidense emitió un fallo adverso contra Argentina, habilitando a la firma Titan Consortium a requerir la retención y ejecución forzosa de activos pertenecientes al Estado suramericano. La medida judicial procura liquidar una millonaria indemnización derivada de la estatización de las empresas aéreas Aerolíneas Argentinas y Austral efectuada en 2009.
La decisión fue pronunciada por la magistrada Jia M. Cobb en la sede judicial del Distrito de Columbia, al estimar cumplido el tiempo prudencial posterior a la ratificación del laudo para promover las acciones de cobro según las leyes de la nación norteamericana. No obstante, la orden no decreta de inmediato la incautación de bienes específicos, sino la potestad de solicitarlos formalmente.
El cuerpo legal de la Procuración del Tesoro argentino confirmó la notificación correspondiente al dictamen del 25 de septiembre, adelantando que las autoridades estudian diversos mecanismos legales dirigidos a contener las consecuencias financieras del proceso sobre el erario nacional.
El diferendo tiene origen en una legislación parlamentaria de fines de 2008 que condujo a rescatar la aerolínea bajo control público en enero de 2009, durante el mandato de Cristina Fernández, desplazando a la firma española Marsans. Aquella corporación acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad del Banco Mundial que en 2017 dictó una indemnización compensatoria de 321 millones de dólares adicionando los intereses correspondientes.
Los derechos de pleito fueron negociados sucesivamente con Burford Capital y el fondo belga Titan Consortium, entidad que radicó en Washington la solicitud ejecutoria en 2021. Tras descartar el argumento de caducidad trienal presentado por la defensa argentina y fijar un límite de doce años, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia ratificó el dictamen el 21 de julio determinando un pasivo de 390.9 millones de dólares.
Con información de El Nuevo Diario.
