Jueces de Haití en huelga por segunda semana consecutiva

Puerto Príncipe, 15 jun.- Por segunda semana consecutiva, los jueces de Haití continúan hoy en huelga en protesta contra la nueva Ley de Finanzas que aseguran trata al gremio como «parientes pobres».

En una nota conjunta, varias asociaciones de magistrados, reiteraron que el paro laboral iniciado el martes último a nivel de la judicatura permanecerá hasta tanto se satisfagan sus demandas.

La semana pasada, la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos (Anamah) lanzó la huelga en todo el territorio nacional y explicó a la prensa que en los últimos dos años los letrados presentaron demandas concretas a las autoridades judiciales, como la mejora de las condiciones de trabajo y otras, que debían solucionarse con una mayor partida económica.

Sin embargo el 5 de junio, el gobierno presentó un presupuesto nacional que otorgó a este sector unos mil 500 millones de gourdes (cerca de 13,6 millones de dólares), lo que para los abogados es un tratamiento de «pariente pobre».

Jean Wilmer Morin, presidente de la Anamah, reconoció que su movimiento tendrá graves consecuencias para miles de prisioneros y aquellos que esperan justicia, sin embargo, persiguen la creación de un corredor de discusión con el gobierno.

También demandan la renovación de los mandatos de los jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación, transferencia de la competencia del personal judicial (secretarios, alguaciles) al Consejo Superior de la Magistratura, el pago de los sueldos atrasados de los fiscales, entre otras exigencias.

La protesta de los jueces tiene lugar cuando el gobierno insiste en descongestionar las cárceles, que operan al triple de su capacidad, ante el creciente número de personas contagiadas por Covid-19, y los brotes en los centros penitenciarios.    El proyecto anunciado a mediados de marzo, hasta la fecha solo benefició a unos 800 reos, muchos de ellos bajo prisión preventiva prolongada.

Las autoridades ya reconocieron que eso es una problemática en el país, pues casi el 75 por ciento de los 11 mil 500 reclusos aún no fueron juzgados, y pueden estar en esta situación años, o incluso décadas.

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