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Opinión

Haití y los cuatro salvadoreños que aún faltan

El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos militares salvadoreños desaparecieron tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Tres días después, el presidente Nayib Bukele denunció que habían…

José Flandez··Comentar

El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos militares salvadoreños desaparecieron tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Tres días después, el presidente Nayib Bukele denunció que habían sido secuestrados por pandillas, anunció una operación de rescate y exigió que los devolvieran con vida. El 10 de noviembre, el vicepresidente Félix Ulloa confirmó que se había recuperado el blindado en el que viajaban. También reconoció que las autoridades seguían sin información para determinar si los cuatro estaban vivos. Al 15 de noviembre, su paradero seguía sin confirmación pública.

La decisión de buscarlos merece respaldo. El Salvador tiene la obligación política y moral de agotar los esfuerzos para esclarecer qué les ocurrió. Haití, cuyo gobierno declaró prioritaria su liberación, tiene un papel indispensable en esa tarea. A casi un mes de la emboscada, ambos gobiernos deben medir sus decisiones por lo que puedan aportar a la búsqueda y por el riesgo que entrañen para los desaparecidos y la población civil.

La advertencia pública de Bukele buscó presionar a los presuntos captores. Esa presión puede comunicarles que el caso seguirá siendo prioritario. También puede endurecer su posición y aumentar el peligro para los cuatro hombres si están en su poder. Hasta ahora, la información pública disponible no permite saber qué efecto tuvo el ultimátum. Sería imprudente dar por hecho que elevar el tono acerca una liberación.

La escala del despliegue vuelve más urgente esa evaluación. El 3 de noviembre, Naciones Unidas informó que El Salvador había enviado a más de dos mil militares y aclaró que la gran mayoría quedaba fuera de la fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad. Ulloa atribuyó la operación a un acuerdo bilateral con Haití y señaló que su objetivo era recuperar a los cuatro salvadoreños. Por su parte, las cancilleres Alexandra Hill Tinoco y Raina Forbin abordaron la búsqueda en Madrid y reafirmaron un compromiso más amplio de cooperación contra las pandillas.

Esa diferencia de alcance importa. Una búsqueda tiene un objetivo concreto. Una campaña contra grupos armados puede prolongarse y comprometer a ambos países durante mucho más tiempo. Los gobiernos pueden mantener en reserva la información que comprometa la búsqueda y explicar públicamente quién ejerce el mando, cuáles son los límites del despliegue y cómo se investigarán eventuales abusos. Amnistía Internacional pidió que se hiciera público el acuerdo bilateral. La población haitiana tiene derecho a saber quién responde por las operaciones que afectan a sus barrios.

Para las familias, recuperar el blindado responde apenas a una parte de lo ocurrido aquel domingo. Siguen esperando saber qué pasó con quienes iban dentro. El Salvador y Haití les deben información directa y oportuna, incluso cuando esa información sea que todavía no hay una certeza. Y mientras siga abierta la posibilidad de encontrarlos con vida, cada decisión, desde un mensaje presidencial hasta la ampliación del despliegue, debe responder a la misma pregunta: ¿Ayuda a traerlos de vuelta?

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