Empresas dominicanas deberán crear programas de cumplimiento penal
La Ley 44-26 establece siete requisitos mínimos para que las entidades comerciales prevengan delitos y eviten sanciones jurídicas…
Las compañías que operan en República Dominicana están obligadas a establecer esquemas de control y prevención interna para evitar incurrir en responsabilidad penal por acciones ilícitas de sus directivos o colaboradores. Según detalla una revisión jurídica publicada por El Día sobre la Ley 44-26, la reforma al Código Penal Dominicano consagra en sus artículos 8 al 11 un régimen que responsabiliza a las personas jurídicas por fallas en sus deberes organizativos y de supervisión.
El texto legal determina que una entidad corporativa puede responder ante la justicia si los actos delictivos cometidos en su nombre se derivan de la ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia. Para quedar exentas de culpabilidad, las sociedades comerciales deben estructurar programas preventivos gestionados por su propia administración o por un área especializada de auditoría interna dotada de presupuesto e independencia operativa.
La legislación exige la aplicación de siete condiciones esenciales, entre las que sobresalen la elaboración de diagnósticos detallados para identificar contingencias delictivas vinculadas a sus operaciones comerciales, y la designación formal de un oficial de cumplimiento. Del mismo modo, las firmas comerciales tienen que redactar protocolos operativos rigurosos para bloquear ilícitos como el cohecho, el blanqueo de capitales, las defraudaciones económicas y los perjuicios contra el medio ambiente.
El marco normativo contempla también la obligatoriedad de implementar canales anónimos y seguros para tramitar denuncias de irregularidades, acompañados por un esquema disciplinario con sanciones proporcionales. Finalmente, las organizaciones deberán ejecutar auditorías periódicas a sus manuales y dictar cursos formativos permanentes para directivos, mandos intermedios y trabajadores, con el fin de consolidar una cultura corporativa de apego a la ley.
Con información de El Día.
