El Gobierno acciona para frenar ocupaciones ilegales de terrenos

Las autoridades acordaron iniciar un levantamiento para establecer una «ruta crítica» de intervención legal, técnica y operativa en los diferentes puntos del país, cuyos parceleros han sido afectados por la situación, entre los que se encuentran: Mogollón (San Juan de la Maguana), Villa Riva (Duarte), Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia (San Cristóbal).

El plan fue coordinado, tras una reunión en el Ministerio de Agricultura, por parte del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y su homólogo de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las «principales» organizaciones campesinas, detalló el Gobierno en un comunicado.

Las organizaciones campesinas denunciaron en la reunión que «desaprensivos interesados en apropiarse de terrenos recurren a distintas artimañas», y se valen de «supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares para montar entramados destinados a desplazar a los legítimos productores de sus predios».

Para estas asociaciones estas prácticas además de amenazar la «estabilidad productiva» y el «patrimonio de hombres y mujeres que han trabajado las tierras durante años», también generan conflictos que «pueden poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas».

Bajo el plan se conformará una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar su situación jurídica y territorial y recomendar las actuaciones correspondientes, incluyendo mecanismos que permitan «avanzar» en la regularización y titulación definitiva.

El ministro de Justicia señaló que «respetando el debido proceso» se «articularán los mecanismos legales» que permitan enfrentar estas situaciones, garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola.

Por su parte, el ministro de Agricultura defendió que garantizar seguridad sobre las tierras «constituye también una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional».

«Vamos a impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano», expresó Oliveiro.

El Gobierno indicó que el protocolo contemplará mecanismos de seguimiento entre Justicia, Agricultura y el IAD, con participación de las organizaciones campesinas y se respetará el «debido proceso» y el marco legal vigente para dar respuesta a los casos que hayan sido identificados y prevenir nuevas afectaciones.