Decreto 818-26 crea Fuerza de Tarea contra el comercio ilícito
El Poder Ejecutivo integró a catorce instituciones públicas para diseñar un plan nacional conjunto en un plazo de treinta días…
El presidente Luis Abinader dispuso la creación de la Fuerza de Tarea Interinstitucional para la Integridad Comercial y el Combate al Comercio Ilícito mediante el Decreto 818-26, emitido el 16 de noviembre de 2026. La nueva estructura estatal tiene como propósito coordinar operativos conjuntos para prevenir y enfrentar la evasión fiscal, el contrabando aduanero, las irregularidades migratorias y laborales, y los esquemas asociados al blanqueo de capitales.
El organismo dependerá de la jefatura del Estado, funcionará bajo la articulación del Ministerio de la Presidencia y contará con el financiamiento del Ministerio de Hacienda y Economía. Su conformación reúne a catorce instituciones públicas, entre ellas las carteras de Trabajo, Salud Pública, Vivienda e Industria y Comercio, junto a las direcciones generales de Impuestos Internos, Aduanas y Migración, la Unidad de Análisis Financiero, Pro Consumidor y Procompetencia, además de una dirección ejecutiva nombrada por decreto.
La disposición presidencial otorga un plazo perentorio de treinta días a partir de su vigencia para elaborar el Plan Nacional para la Integridad Comercial y el Combate al Comercio Ilícito. Este programa de trabajo estará estructurado en siete áreas operativas: supervisión tributaria, control aduanal, prevención de lavado de activos, cumplimiento laboral y previsional, ordenamiento migratorio, licencias comerciales y preservación de la competencia leal frente a la actividad formal.
El mandato estipula de forma explícita que las fiscalizaciones se programarán a partir de análisis técnicos de riesgo en materia de empleo, facturación e importaciones, prohibiendo cualquier diferenciación o trato discriminatorio por razón del origen del capital o la nacionalidad de los negocios intervenidos. Los miembros desempeñarán sus funciones a título honorífico y rendirán cuentas trimestrales al gobernante, manteniendo un funcionamiento temporal que cesará una vez culminada su misión.
Con información de El Día y Diario Libre.







