CORAAVEGA y una licitación que merece respuestas

Por JUAN RAMÓN CRUZ VENTURA

CORAAVEGA ha colocado en un mismo lote cuatro obras de agua potable y alcantarillado que suman aproximadamente RD$91 millones, aunque corresponden a sectores distintos de La Vega y cuentan con presupuestos y alcances constructivos independientes. Al mismo tiempo, una quinta obra, con un presupuesto inferior a RD$4 millones, fue colocada en un lote separado.

La pregunta es inevitable: ¿qué criterio técnico, financiero o administrativo justifica agrupar cuatro obras independientes en un solo lote de gran magnitud, mientras otra obra de menor cuantía dispone de un lote individual? El planteamiento surge del proceso CORAAVEGA-CCC-CP-2026-0003, publicado el 27 de agosto en el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El Lote 1 reúne las obras de Ana Magalis y Fundación Panal, Residencial Omelia, Carreterita de Soto y Nibaje, Etapa 4. Sus presupuestos individuales son de aproximadamente RD$19.2 millones, RD$23.2 millones, RD$36.3 millones y RD$11.9 millones, respectivamente, para un monto conjunto cercano a RD$91 millones.

El contraste está en el Lote 2, que contiene únicamente el acueducto de Villa Francisca Segunda, con un presupuesto inferior a RD$4 millones. El propio proceso demuestra, entonces, que CORAAVEGA utiliza la modalidad de lotes independientes. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio a las cuatro obras que integran el Lote 1?

El asunto adquiere mayor relevancia al revisar las exigencias financieras. Para el Lote 1 se contempla una línea de crédito bancaria equivalente al 10 % y una línea de crédito de suplidor de tubería equivalente al 20 %. Aplicadas sobre unos RD$91 millones, representan aproximadamente RD$9.1 millones y RD$18.2 millones, respectivamente.

Esto significa que un oferente tendría que demostrar, solo por esos dos conceptos, un respaldo financiero cercano a RD$27.3 millones. Una empresa con capacidad técnica para ejecutar una de las obras individualmente podría quedar impedida de competir si debe demostrar capacidad financiera para asumir las cuatro simultáneamente.

Aquí debe hacerse una precisión: nadie plantea que las empresas de La Vega deban recibir contratos por el simple hecho de ser locales. La contratación pública debe garantizar competencia, igualdad, transparencia y razonabilidad. La cuestión es si la estructura del lote está ampliando la competencia o, por el contrario, reduciendo innecesariamente el número de empresas que pueden participar.

También merece explicación la exigencia de una línea de crédito de suplidor equivalente al 20 %, particularmente cuando el propio pliego contempla un anticipo del 20 % del monto contratado. No afirmo que ambos mecanismos sean jurídicamente equivalentes; sí considero legítimo preguntar cuál es la justificación técnica y financiera para exigir ambos y cuál será exactamente la base utilizada para calcular esos porcentajes.

Existe, además, una cuestión normativa que debería ser aclarada. El pliego hace referencia al nuevo marco de contratación pública, pero en determinadas etapas del procedimiento también aparecen referencias al Reglamento 416-23 y a disposiciones vinculadas con la legislación anterior. Si existe un régimen transitorio que explique esta coexistencia, debería quedar claramente establecido para garantizar seguridad jurídica a todos los oferentes.

La participación de las mipymes tampoco puede quedarse en una declaración de principios. Si una contratación pública pretende promover la competencia, su estructura debe permitir que empresas con capacidad técnica y financiera suficiente para una obra determinada puedan competir efectivamente por ella, sin tener que asumir requisitos financieros correspondientes a varias obras agrupadas.

Por esa razón, he presentado ante el Comité de Compras y Contrataciones de CORAAVEGA una observación formal al pliego, dentro del plazo establecido, solicitando que el Lote 1 sea dividido en cuatro lotes y que los requisitos financieros sean recalculados sobre el monto individual de cada obra. No se trata de detener las inversiones, sino de procurar condiciones de participación más amplias.

La Vega necesita estas obras y necesita que sean ejecutadas con eficiencia, transparencia y calidad. Por eso, la discusión no debe centrarse en quién debe ganar la licitación, sino en quiénes tienen realmente la posibilidad de competir.