Comisión aprueba protocolo para pagar deudas a contratistas
La medida aplica la Ley 16-26 y dará prioridad a expedientes que estaban en revisión por la Contraloría General de la República…
La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 aprobó este martes 7 de julio un protocolo de aplicación y adoptó medidas para iniciar el proceso de pago de deudas a contratistas del Estado, informó la Presidencia.
Según la nota oficial, la primera sesión de trabajo fue realizada en cumplimiento de la Ley 16-26, que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para revisar reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
La Presidencia informó que el protocolo establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán la revisión, evaluación y tramitación de los expedientes. De acuerdo con el comunicado, ese instrumento será de conocimiento público y busca dotar el proceso de reglas claras, uniformes y ágiles.
La comisión está presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, según la Presidencia.
De forma general, la comisión sancionó decisiones orientadas a establecer el marco operativo para implementar la legislación y avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas acogidos a esta normativa, bajo lineamientos de transparencia, informó el Gobierno.
La comisión dispuso remitir el protocolo a los veedores y a todas las instituciones comprendidas en la ley, con el fin de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos, incluyendo la supervisión y la rendición de cuentas contempladas, según la nota oficial.
La Presidencia informó que se dará prioridad a los expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la normativa, estaban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República.
La legislación impacta a contratistas de obras ejecutadas para entidades como Obras Públicas, Educación, Inapa, Indrhi, Caasd, la antigua Oisoe y otras instituciones estatales, según el comunicado.
