Blindaje y candado contra la minería (3 de 3)

La industria minera, según el cardenal Peter Kodwo Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, es la primera que aparece en la Biblia y nada en nuestro mundo podría existir sin ella: “Tomen por ejemplo su casa: ¡quiten lo que se deriva de la extracción minera y les quedará solo el préstamo que tienen que pagar!”, muestra fehaciente de que la propia iglesia católica y sus diferentes manifestaciones está de acuerdo con el proceso de minería responsable, el cual se funde en la certidumbre de un futuro extractivo exitoso para el entorno donde operan.

Aun faltando más de dos años para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, es descabellado que se radicalice el discurso anti minero, impidiendo de esta manera el avance de nuevos proyectos, por lo que además de las empresas inversionistas, la sociedad dominicana y el propio Gobierno deberían estar preocupado, visto que la minería tiene presencia importante en el país y genera un gran impacto en el resto de la economía.

En el proceso del debate segmentado y dirigido por sectores apócrifos que se oponen a la minería en la República Dominicana, me ha llamado mucho la atención, el hecho de que el tema está siendo usado como elemento de campaña por aspirantes reeleccionistas a cargos congresuales del propio Gobierno, algunos con secuelas de demandas y expedientes que posan de manera inoportuna en los archivos de la justicia, pero hay que reconocer, que como dijo Nicolás Maquiavelo “la política es el arte de lo conveniente”.

Un sistema político social donde las partes involucradas en el Gobierno no se ponen de acuerdo en el discurso cuando se trata de temas que competen al Estado, sin dudas que estará supeditado al fracaso y lo ideal debería ser sentar las bases para impulsar principios morales que persigan el bien de todas las partes involucradas.

Hay discursos interesados que a veces no se analizan antes de pronunciarlos y en consecuencia terminan haciéndole daño a su autor. Por ejemplo, el Senador de San Juan, ingeniero Félix Bautista, ante un conglomerado de personas residentes de esa provincia, dijo “hablaré con el presidente Danilo Medina, para que le ponga blindaje y candado al Proyecto Romero, además voy a someter un anteproyecto de Ley a los fines de que no se apruebe su explotación”.

Antonio Isa Conde, Ministro de Energía y Minas, a pesar de aprobar el proyecto y someterlo al Poder Ejecutivo, ha mostrado cierta deslealtad llegando al extremo de participar en entrevistas y contradecir la viabilidad de dicha explotación, sin embargo, habla de una nueva ley ambiental que podría conllevar una mejor distribución de los beneficios que recibe el Gobierno, por concepto del pago de impuestos de las empresas mineras en el país.

En adición a lo planteado, sería interesante que tanto el legislador Bautista, como el Ministro Conde, dejen a un lado sus intereses y exijan al Gobierno de Danilo Medina, que ponga blindaje y candado a los miles de millones de dólares que recibe el Estado por concepto de la minería, para que no se lo siga tragando la corrupción administrativa e inviertan por lo menos un pequeño porcentaje en proyectos de desarrollo comunitarios donde operan las mineras.

De acuerdo con la Ley, el gobierno aplica los parámetros correspondientes para recibir hasta el último centavo de los beneficios netos de la minería pero no informa a las empresas que les pagan dichos beneficios cuál es su debido uso y cómo son distribuidos.

Claro, rendir informes precisos y oportunos son recursos que no están en la agenda económica, porque de lo contrario tendría que invertir en las comunidades donde se llevan a cabo las explotaciones de minerales no renovables y eso conllevaría transparentar dichos beneficios.

La minería no puede desaparecer por sencillas aspiraciones y componendas entre súbditos que no entienden que la riqueza que se aposenta debajo de la tierra hay que aprovecharla. Desde esta óptica, el gobierno tiene la responsabilidad de compartir los beneficios generados por la industria minera con todos los involucrados.

JPM