Abinader destina compras de planes sociales a Mipymes del país
El Decreto 672-26 ordena a entidades estatales adquirir manufacturas y bienes agroindustriales locales sin intermediarios para fomentar el empleo…
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 672-26, una disposición oficial que instruye a las instituciones públicas a dirigir de manera exclusiva las compras y contrataciones de programas sociales hacia las micro, pequeñas y medianas industrias de manufactura nacional. La medida busca incentivar la producción interna, fortalecer el tejido empresarial local y propiciar la generación de empleos en todo el territorio dominicano, según informó Diario Libre.
El mandato presidencial establece que las entidades estatales encargadas de ejecutar planes para el alivio de la pobreza, distribución de raciones alimenticias, suministro de vestimenta y entrega de útiles escolares deben adquirir bienes agroindustriales y manufactureros elaborados dentro de la República Dominicana. La ordenanza prohíbe de forma tajante la intermediación en las transacciones, a menos que el propio fabricante dominicano emita una autorización previa y por escrito que justifique dicha participación.
La disposición legal condiciona la aplicación de esta preferencia estatal a que las industrias oferentes posean la capacidad de satisfacer las exigencias de las instituciones contratantes en cuanto a cantidades suficientes y estándares de calidad requeridos. Con este esquema, las dependencias gubernamentales buscan asegurar que la canalización prioritaria hacia los pequeños fabricantes no afecte el abastecimiento continuo ni la entrega oportuna a los sectores poblacionales beneficiarios.
Entre las instituciones alcanzadas por el decreto figuran el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Educación. De igual forma, quedan convocados el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Promese/CAL y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
El texto aclara que la norma no abarcará la totalidad del presupuesto de adquisiciones de estas entidades, sino exclusivamente las compras asignadas a los planes de protección social. Además, el Decreto 672-26 estipula que todos los procesos de selección deberán gestionarse mediante concursos abiertos y competitivos, estrictamente apegados a los mandatos de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Con información de Diario Libre.
