Colegio de Abogados ve peligro en una reforma a la Constitución

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados rechazó la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo, por considerarla extemporánea y que representa un peligro de entregar el control absoluto de los órganos constitucionales al sector político de turno.

El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, opinó que se pretende usar la sombrilla de la anhelada independencia del Ministerio Público como punta de lanza para pasar una contra reforma que persigue reducir de un 50 a un 40% el porcentaje de votos para ganar las elecciones presidenciales en una primera vuelta.

ATENTADO A LA INSTITUCIONALIDAD Y PAZ SOCIAL

Advirtió que con la reducción del porcentaje para ganar la presidencia de la República serán variadas las reglas de juego en la elección a nivel presidencial, mediante una maniobra cuestionable que atenta contra la institucionalidad democrática y la paz social en favor de las aspiraciones reeleccionistas del presidente Luis Abinader.

El jurista señaló que lejos de reforzar la independencia de la justicia, la pieza profundiza su dependencia, destruyendo cualquier resquicio de seguridad jurídica, llegando hasta el extremo de otorgar al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de destituir jueces de las altas cortes, con lo que se eliminaría la inamovilidad judicial.

“Con este cambio se pretende pulverizar la independencia de los jueces, pues qué juez dictará sentencia contra quien puede destituirlo según su voluntad, sobre todo si tomamos en cuenta que el actual Presidente cuenta con 5 de los 7 votos de dicho órgano”, indicó el gremialista.

Otro punto criticado por Surun Hernández es el que en el transitorio vigésimo quinto, se otorga la facultad al actual Presidente, de nombrar al Procurador General de la República, por un período de 6 años, más allá del 2024, fecha en que culmina su mandato.

Sostuvo que el establecimiento de un sistema de designación de Jueces de la Suprema Corte de Justicia consagra una suerte de sustitución aleatoria, que pondría en grave riesgo la estabilidad jurisprudencial del país, profundizará el sistema de nombramiento de políticos con militancia encubierta en ese poder del Estado y no de jueces de carrera.

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