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Cuatro funcionarios objetan proyecto devolvería recursos a trabajadores

SANTO DOMINGO.- Cuatro altos funcionarios del Gobierno se opusieron firmemente ayer a un proyecto de ley que plantea agregar un acápite al artículo 59 a la Ley 87-01 para que los trabajadores de la República Dominicana…

Jhonny Trinidad··Comentar

SANTO DOMINGO.- Cuatro altos funcionarios del Gobierno se opusieron firmemente ayer a un  proyecto de ley que plantea agregar un acápite al artículo 59 a la Ley 87-01 para que los trabajadores de la República Dominicana puedan retirar hasta un 20% de los recursos que hayan aportado en el plan de capitalización del Sistema de Seguridad Social.

Los ministros de Hacienda, Donald Guerrero, y de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, así como el superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras, y el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, expresaron su desacuerdo con la iniciativa por entender que crearía desajuste monetario, fiscal y económico, y generaría una gran inflación.

Guerrero explicó que la iniciativa impactaría en la tasa de cambio, en las variables macroeconómicas y disminuiría la calidad de vida. «También crearía un precedente funesto, porque dentro de 30 años podría pasar otra situación de emergencia y entonces el sistema de pensiones se destruiría», declaró.

Aseguró que la preocupación del Gobierno no ha cesado buscando mecanismos de compensación para beneficiar a los más afectados por la situación económica que genera la pandemia del covid-19.

En el encuentro que se desarrolló de manera virtual, el superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras, informó que los fondos acumulados ascienden a 569 mil millones de pesos, equivalentes al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y que el cien por ciento de ese monto está invertido en bonos del Ministerio de Hacienda, instrumentos del Banco Central, organismos multilaterales y entidades de intermediación financiera.

Para la próxima reunión han sido convocadas la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y los representantes de las principales centrales sindicales.

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