La ‘’sitracodización” de la ADP

POR MANUEL MATOS

Cada día que pasa, la Asociación Dominicana de profesores (ADP) se parece más al extinto Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad(SITRACODE). Aquel gremio, en su tiempo, y este ahora, con un gran poder.

Temidos por la gran mayoría de los funcionarios designados para gestionar ambas instituciones. Liderados por personas a los cuales se les extravió la brújula.

Y es normal, cuando una persona maneja un poder muy grande, tiende a perder la orientación, no importa si se trata de una autoridad civil o militar, o un líder gremial. Llega a creer que está por encima del bien y del mal, y que puede hacer cualquier cosa, sin consecuencias. La norma deja de ser su marco, y se apoya en el inmenso poder que tiene o cree tener.

Es justo lo que hacía SITRACODE en la CDE de entonces y está haciendo la ADP, ahora, en el Ministerio de Educación. Apoyarse en su poder para gestionar impunidad para afiliados que han cometido faltas comprobables, y camuflar vulgares chantajes con prendas de derechos. Ha olvidado, que la razón de ser de todo gremio es la defensa de los derechos de sus afiliados, no su defensa pura y simple.

Un gremio no debe procurar impunidad para un miembro que cometió una falta comprobable, no importa si es leve o grave. Lo máximo que debe hacer es evitar que la pena a ser aplicada exceda la correspondiente a la falta cometida. Tampoco debe atribuirles a sus afiliados derechos que sabe, no tienen.

Oír a un líder magisterial procurar impunidad para una educadora que estimuló un pleito, bajo el argumento de que en las escuelas se ha peleado siempre; o defender a una maestra que ha sido puesta a disposición de un distrito, porque se niega a hacer su trabajo, no son cosas que debería hacer la ADP y, sin embargo, las hace cotidianamente, como si fuera parte de su responsabilidad gremial.

Peor aún, arrogarse el derecho que tiene la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Educación, para designar los mandos directivos medios que necesita para lograr sus metas y objetivos, es un acto de prepotencia.  Los derechos de los antiguos directores regionales o distritales, están claramente establecidos en la normativa vigente.

Un ministro, cualquiera que sea, tiene el derecho, y el deber, diría yo, de utilizar los recursos humanos disponibles según sus perfiles y los requerimientos de las metas y objetivos que se ha planteado, por lo que no entiendo la razón por la cual a la ADP se le ocurre que se debe hacer una excepción con el Ministro de Educación.

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JPM