Procurador pide a fiscales «vigilen» proceso transición en alcaldías

SANTO DOMINGO (EFE).- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó al Ministerio Público (MP) a observar las acciones que se realizan en algunas salas capitulares de alcaldías y distritos municipales en el actual proceso de transición que atraviesa el país.

Domínguez Brito instó a los fiscales y a los procuradores «observar muy de cerca las decisiones que se están asumiendo y exhortarles a los titulares de las alcaldías y distritos municipales que deben abstenerse de realizar acciones que vulneren las normativas establecidas».

En una rueda de prensa junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, el procurador dijo que han recibido denuncias de representantes del MP, juntas de vecinos y de la prensa, de que en varios cabildos se están autorizando instalaciones de estaciones de gas en lugares no apropiados.

En ese sentido, dijo que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales no permitirá la materialización de esos permisos.

«El Ministerio Público actuará de manera drástica contra toda decisión que ponga en riesgo y peligro el patrimonio de los municipios», puntualizó.

Además, exhortó a los alcaldes y concejales de abstenerse de realizar cualquier acto de violación a la ley de los ayuntamientos.

Advirtió que el Ministerio Público no permitirá ningún tipo de operaciones fraudulentas dentro de los cabildos con el traspaso de dirección fijada para el próximo 16 de agosto, y otros donde solo habrá movimientos de los concejales.

Manifestó que existen situaciones que pueden constituir un delito y que el Ministerio Público tiene la responsabilidad y el deber de actuar de inmediato. «Pueden haber concejales que están promoviendo situaciones ilegales», puntualizó, al tiempo que dijo que en cualquier caso que constituya algún tipo penal, se procederá al sometimiento a la justicia.

Igualmente, les exhortó a ser cautos en las asignaciones de combustible a través de tickets, la venta de espacios en cementerios para fabricación de nichos, y cualquier otra acción que pueda comprometer a los municipios.