Cuando el video llega antes que el expediente
POR CARLOS SALCEDO Imaginemos, sin nombres ni expedientes, un hecho que hoy no cuesta imaginar: un adulto se graba con una niña de meses en brazos, hace comentarios de contenido sexual y sube el video…
POR CARLOS SALCEDO
Imaginemos, sin nombres ni expedientes, un hecho que hoy no cuesta imaginar: un adulto se graba con una niña de meses en brazos, hace comentarios de contenido sexual y sube el video a una red social. La indignación es inmediata y legítima. El derecho, sin embargo, debe responder con método, no con temperatura, porque de ello depende que el culpable sea castigado y que el castigo resista una apelación.
¿Hay agresión sexual sin contacto físico?
El Código Penal vigente define la agresión sexual como toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño o cualquier medio que anule la voluntad de la persona. La palabra decisiva es “acción”. ¿Bastan la palabra y el gesto frente a una bebé que nada entiende? La defensa sostendrá que sin contacto no hay agresión; la acusación responderá que quien usa el cuerpo de una niña como objeto de una conducta sexual la instrumentaliza, y que una criatura de meses no tiene voluntad que anular.
La fecha del hecho decide la ley
El Código Penal nuevo entró en vigor en agosto de 2026 y es más severo que el anterior. Lo ocurrido desde entonces se juzga con él; lo anterior, con el viejo, porque la ley penal más gravosa no retroactúa. La agresión sexual se castigaba antes con cinco años de prisión, o diez en los casos agravados que la ley enumeraba, y hoy, cuando la víctima es una niña y el autor un adulto, con veinte a treinta.
El parentesco cambia la figura
Cuando la víctima es pariente hasta el cuarto grado por consanguinidad, o hasta el tercero por afinidad, la agresión pasa a ser incestuosa. Si además el autor es adulto y la víctima un niño, niña o adolescente, la pena es de veinte a treinta años, la misma que ya prevé la agresión sexual contra un menor, pues el vínculo cambia la figura, no la pena. No se aplican ambos artículos, prevalece el especial. Pero el parentesco se prueba, no se supone; un “es mi sobrina” dicho en un video no es un acta del estado civil.
Otra alusión, otro hecho
Supongamos que otro video alude a una prima de 13 años. Una alusión no es un hecho: habría que identificar a la menor, verificar su edad y su parentesco y establecer si hubo conducta o solo palabras. Si los hechos que narra fueran ciertos, sería agresión sexual incestuosa (primos hermanos, cuarto grado), con pena de veinte a treinta años si ocurrió bajo el código nuevo; antes de agosto de 2026, el código anterior castigaba el incesto con el máximo de la reclusión menor, sin atenuantes. Serían hechos distintos, con otra víctima y otra prueba: investigarlos por separado evita contaminarlos.
Lo que un video prueba y lo que no
Un video prueba lo que muestra, siempre que se demuestre que es auténtico y de quién es. Una frase en que alguien dice haber hecho algo es una admisión sin control y puede ser verdad, jactancia o mentira. Sin el testimonio de la víctima, recogido con las garantías que la ley prevé para los menores, y sin peritajes, es un indicio, no una condena.
La salvedad de la capacidad
Hay un asunto más delicado. Si quien aparece en un video puede parecer, por su manera de hablar, bajo los efectos de sustancias o de un trastorno psiquiátrico grave. Una apariencia no es un diagnóstico; que alguien luzca lúcido ante el fiscal tampoco dice cómo estaba cuando actuó. Solo los peritajes psiquiátricos y toxicológicos pueden establecer si entonces comprendía lo que hacía y podía controlarlo. Si no podía, no hay responsabilidad penal plena; si la afectación era parcial, la pena se atenúa. Quien se intoxica voluntariamente, en cambio, no se libera con facilidad. Ni la sospecha ni la compasión sustituyen a la prueba.
El tribunal de las redes
Difundir el video agrava el daño a la víctima. La presunción de inocencia no es un favor al sospechoso, sino la garantía de que, cuando haya condena, será firme. Una justicia que se acelera por presión social se expone a ser anulada, y entonces la gran perdedora es la víctima.
Lo que está en juego
Un Estado serio no responde con escarmientos instantáneos, sino con un proceso impecable que proteja a los niños y, con ellos, a las reglas que nos protegen a todos. Defender a la infancia exige firmeza en la pena y rigor en el procedimiento; renunciar a uno de los dos es perder ambos.
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