Decreto 787-26 norma la inteligencia artificial en el Estado
La disposición resguarda los derechos ciudadanos frente a resoluciones automatizadas y concede 180 días a las dependencias públicas para adecuarse…
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 787-26, fechado el 2 de noviembre de 2026, mediante el cual el presidente Luis Abinader oficializó las directrices de integridad y tratamiento algorítmico aplicables a los organismos públicos de la República Dominicana. El marco normativo regula el empleo de herramientas tecnológicas en los despachos gubernamentales, en particular cuando estos sistemas intervienen en diligencias administrativas, evaluaciones de solicitudes de servicios y toma de decisiones que impactan directamente a la ciudadanía.
Entre sus aspectos centrales, la disposición legal consagra el derecho de cualquier ciudadano a ser informado cuando una resolución o trámite que le concierna haya contado con el respaldo de mecanismos automatizados. De igual manera, los usuarios quedan facultados para requerir justificaciones formales, solicitar una revisión efectuada por personal humano y reclamar la subsanación oportuna de equivocaciones si entienden que el resultado del proceso les causa algún perjuicio.
El texto prohíbe categóricamente la clasificación social de los habitantes para condicionar el otorgamiento de derechos o el acceso a prestaciones del Estado. Asimismo, veda el aprovechamiento de instrumentos computacionales con propósitos de manipulación ciudadana, difusión de propaganda partidista, campañas de desinformación institucional o técnicas disimuladas de inducción de conductas en la colectividad.
La supervisión de los parámetros éticos corresponderá a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), mientras que el respaldo tecnológico estará bajo la responsabilidad de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). El director de esta última entidad, Edgar Batista, catalogó la entrada en vigor del estatuto como «un paso trascendental para República Dominicana». Las instituciones públicas tendrán un plazo de 180 días calendario, contados desde la difusión del decreto, para implementar las adecuaciones técnicas requeridas, habilitar portales públicos con los detalles de sus aplicaciones y estructurar canales de denuncia, reportó El Día.
Con información de El Día.
