Policía de Paraguay arresta al expresidente Santiago Peña en su casa
La medida cautelar ocurre tras su destitución por el Senado y en medio de una orden fiscal por el colapso del banco Ueno…
La Policía Nacional de Paraguay ejecutó este viernes el arresto domiciliario del expresidente Santiago Peña, horas después de que el Senado lo destituyera en un juicio político, según reportó El Nuevo Diario con base en declaraciones oficiales y confirmó Noticias SIN. La detención responde a una orden emitida por el Ministerio Público a raíz de la crisis desatada por la intervención y cierre de la entidad financiera Ueno bank.
Un oficial de la Policía Nacional apostado en el perímetro de la residencia del exgobernante en Asunción declaró a los medios que Peña ya se encuentra formalmente detenido y notificado de la medida. De acuerdo con el reporte, el auto de arresto establece que la permanencia en su vivienda se mantendrá hasta que sea presentado ante los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción en la capital paraguaya.
La fiscal Silvia González confirmó ante los periodistas que las autoridades constataron la presencia del exmandatario en el inmueble y que este se puso a disposición de la justicia. La misma disposición judicial ordenó la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando dimitió tras el escándalo por el presunto vaciamiento financiero de Ueno bank.
En los alrededores de la residencia, resguardada por una veintena de agentes policiales, se concentraron grupos de ciudadanos para protestar en contra de la reclusión domiciliaria. Andrea Salazar, una de las manifestantes presentes, declaró que la población exige que el exmandatario sea recluido en una prisión común y advirtió que mantendrán vigilias para evitar cualquier posibilidad de fuga.
La crisis institucional estalló tras ordenar el BCP la resolución de la entidad bancaria, que contaba con 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y que recibió millonarios fondos públicos durante el mandato de Peña. La situación perjudicó a miles de ahorrantes que denunciaron la pérdida de acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).
