ANJE y ENJ alertan que demoras judiciales frenan inversión y negocios
Un informe revela que el 51.79 % de los consultados enfrentó trabas para emprender o vender propiedades debido a litigios prolongados…
Los retrasos en la resolución de diferendos legales representan un serio freno para el clima de negocios y el bienestar general en la República Dominicana, según reveló una investigación elaborada de forma conjunta por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). El informe, titulado «Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana», puso de manifiesto los costos colaterales que genera la lentitud procesal en el tejido productivo.
De acuerdo con el documento, el 51.79 % de los participantes señaló que sufrió trabas para constituir un emprendimiento o traspasar bienes inmuebles debido a litigios en curso. Al mismo tiempo, un 52.6 % de los consultados declaró haber paralizado sus tareas cotidianas de trabajo para atender citaciones y diligencias judiciales, mientras que el 48.7 % se vio forzado a posponer resoluciones cruciales sobre sus patrimonios o proyectos comerciales.
Aunque los tiempos promedio para evacuar dictámenes mostraron una mejoría cercana al 10 % al descender de 80.9 a 72.7 días hábiles entre los primeros semestres de 2025 y 2026, el informe remarcó que únicamente el 42.06 % de los casos se resolvió dentro de los términos prescritos por las leyes. Los rezagos resultaron especialmente notorios en las cortes de apelación, con un promedio de 148 días laborables, y en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde las disputas alcanzaron una media de 165 días hábiles.
La investigación destacó que estas dificultades golpean con mayor dureza a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al carecer del músculo financiero para soportar controversias extensas. Frente a este panorama, ANJE sugirió enfocar las políticas de la Suprema Corte de Justicia en cuatro ejes: gestión especializada por circunscripción, celeridad ejecutiva de las sentencias, mediciones rigurosas de plazos y adopción de vías digitales alternativas para resolver diferendos.
Con información de El Nuevo Diario.
