Cuando el Estado sustituye la justicia por la muerte

Por LUIS M. GUZMAN

Una reforma policial que no detiene los abusos, cámaras corporales cuyas grabaciones no se conocen, una justicia que tarda en decidir y cárceles desbordadas. La crisis tiene responsables institucionales y exige respuestas.

La República Dominicana enfrenta una crisis que ya no admite explicaciones superficiales ni reformas anunciadas indefinidamente. Mientras el Gobierno exhibe avances en seguridad ciudadana y modernización policial, las estadísticas revelan una realidad que merece respuestas urgentes.

En septiembre de 2026 se registraron 55 muertes clasificadas por la Policía como “acción legal”. No es una cifra que pueda despacharse con una rueda de prensa. Son 55 vidas perdidas en intervenciones del Estado cuya legalidad debe quedar esclarecida.

Durante décadas, la expresión Código 29 ha acompañado las denuncias de muertes en supuestos intercambios de disparos. El fenómeno no comenzó con este Gobierno, pero su persistencia compromete a quienes hoy tienen la responsabilidad de enfrentarlo.

Una patrulla puede utilizar legítimamente la fuerza para proteger vidas ante una amenaza real; lo que jamás puede hacer es sustituir a los tribunales. Cuando alguien muere en una operación policial, el deber del Estado no termina con la versión de los agentes. Ahí debe comenzar una investigación independiente.

Hay una pregunta que el Gobierno no puede seguir dejando sin respuesta: ¿dónde están las grabaciones de las cámaras corporales anunciadas como garantía de transparencia policial?

En septiembre de 2026, las autoridades informaron que disponían de unas 10,000 cámaras, mientras las estadísticas registraban 55 fallecidos clasificados como “acción legal” durante ese mes.

¿Cuántos operativos fueron grabados? ¿Cuántos videos llegaron al Ministerio Público? ¿Cuántas cámaras estaban apagadas o no fueron asignadas? Una cámara que nunca permite esclarecer una muerte termina siendo una promesa tecnológica sin resultados verificables.

Obligaciones

El presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de dirigir la política gubernamental de seguridad y exigir resultados verificables. Faride Raful, ministra de Interior y Policía, y el director policial Ernesto Rafael Rodríguez García tienen obligaciones concretas de supervisión y control. No basta con incorporar patrullas, graduar agentes o inaugurar instalaciones.

Deben explicar qué medidas han dispuesto para prevenir el uso ilegal de la fuerza, cómo se fiscalizan las operaciones y qué consecuencias enfrentan quienes vulneran los protocolos.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, también tiene una responsabilidad decisiva. En octubre, la Procuraduría no proporcionó las estadísticas solicitadas sobre investigaciones de muertes durante intervenciones policiales, invocando la reserva de los expedientes.

Pero nadie está reclamando conocer testimonios protegidos ni comprometer investigaciones abiertas. Se reclama saber cuántos casos se investigan, cuántos fueron archivados y cuántos llegaron a los tribunales. La reserva procesal no debería utilizarse para negar información estadística legalmente publicable.

Hay una contradicción constitucional que merece ser examinada con toda su crudeza. El artículo 37 prohíbe expresamente la pena de muerte, pero el país continúa registrando numerosos fallecimientos durante operaciones policiales. No todos constituyen ejecuciones extrajudiciales; determinarlo exige pruebas e investigaciones.

Sin embargo, resulta inquietante que un condenado no pueda recibir legalmente una sentencia capital, mientras un sospechoso puede perder la vida antes de comparecer ante un juez. El debido proceso no puede depender de haber sobrevivido al arresto.

Tribunales y cárceles

La crisis se prolonga en los tribunales y termina agravándose dentro de las cárceles. El informe de Defensa Pública correspondiente a 2025 registró 23,270 internos para apenas 16,357 plazas, una ocupación del 142.26 %. Pero el dato más perturbador es que 15,025 personas, equivalentes al 64.57 % de la población penitenciaria, permanecían en prisión preventiva.

Son seres humanos sin condena definitiva. La excepcionalidad de esa medida cautelar exige algo más que reconocimiento institucional: requiere determinar por qué se utiliza tanto y cuánto duran esos procesos.

Luis Henry Molina, presidente del Consejo del Poder Judicial, debe explicar qué medidas administrativas se aplican contra la mora judicial, sin interferir en la independencia de los jueces. El Ministerio Público debe responder por sus solicitudes de prisión preventiva y la oportunidad de sus investigaciones.

Rodolfo Valentín Santos, director de Defensa Pública, tiene la obligación de continuar documentando las deficiencias que afectan a quienes carecen de recursos. Ninguna de estas instituciones puede resolver el problema aisladamente, pero todas deben responder por sus competencias.

Saturación

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el director penitenciario, Roberto Santana, tienen ante sí otra exigencia impostergable, presentar resultados medibles sobre la capacidad y las condiciones de los centros de reclusión. Construir cárceles puede resultar necesario, pero no resuelve por sí solo un sistema saturado por la prisión preventiva.

La ciudadanía tiene derecho a conocer las obras presupuestadas, los contratos ejecutados, las plazas disponibles y los compromisos pendientes. Una política penitenciaria no puede reducirse a anunciar construcciones mientras persisten condiciones indignas.

Tampoco puede aceptarse que la delincuencia sirva de justificación para relativizar los derechos fundamentales. Las víctimas de homicidios, robos y agresiones merecen protección y justicia; los responsables deben recibir las sanciones previstas por la ley. Pero matar a un sospechoso no demuestra que se haya esclarecido un delito ni desarticulado una estructura criminal.

Mucho menos sustituye el deber de prevenir la violencia. Una política de seguridad que confunde la cantidad de fallecidos con resultados policiales corre el riesgo de convertir una tragedia en propaganda.

Resulta igualmente necesario examinar la desigualdad con que opera la justicia penal. Los acusados de grandes casos de corrupción suelen disponer de defensas especializadas y recursos para litigar durante años, mientras miles de imputados por delitos comunes dependen de una Defensa Pública sometida a enormes exigencias.

Los derechos procesales deben respetarse para todos, incluidos quienes están acusados de desfalcar al Estado. Lo inadmisible sería que el acceso efectivo a esas garantías terminara determinado por la capacidad económica del acusado y no por la igualdad ante la ley.

El Congreso Nacional tampoco puede permanecer al margen. Tiene facultades de fiscalización que deben traducirse en solicitudes de información, examen de presupuestos y seguimiento de las reformas. Los ciudadanos necesitan conocer cuánto se ha invertido, qué resultados se han obtenido y cuáles obstáculos continúan sin resolverse.

Las autoridades competentes deberían presentar, en plazos públicos y verificables, estadísticas de investigaciones, auditorías policiales, medidas contra la mora judicial y programas de reducción del hacinamiento. Sin evaluación, las promesas pueden repetirse indefinidamente.

La República Dominicana no necesita acostumbrarse al Código 29 ni resignarse a cárceles desbordadas y procesos interminables. Necesita instituciones capaces de investigar, juzgar, sancionar y corregir sus propias irregularidades. Abinader, Raful, Rodríguez García, Reynoso y las autoridades judiciales y penitenciarias tienen responsabilidades distintas, pero obligaciones públicas que no pueden delegarse en discursos.

Ha llegado la hora de exigir respuestas concretas. Porque cuando el Estado no garantiza justicia oportuna, la sociedad queda atrapada entre la impunidad, el miedo y la tentación de aceptar la muerte como sustituto de la ley.

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