El arroz de la discordia: 20 años perdidos
Por LUIS M. GUZMÁN El arroz dominicano enfrenta una encrucijada que va mucho más allá de la derogación de un decreto. Lo que está en discusión es el resultado de veinte años de política agrícola, apertura…
Por LUIS M. GUZMÁN
El arroz dominicano enfrenta una encrucijada que va mucho más allá de la derogación de un decreto. Lo que está en discusión es el resultado de veinte años de política agrícola, apertura comercial y responsabilidades acumuladas.
La apertura del arroz estadounidense no llegó por sorpresa. Hubo tiempo para modernizar el riego, mejorar semillas, mecanizar cosechas, ampliar seguros y reducir costos. Sin embargo, persisten diferencias importantes de productividad y financiamiento.
Estados Unidos exige acceso libre de aranceles para su arroz mientras mantiene programas de préstamos, seguros agrícolas y compensaciones para sus productores. República Dominicana también destina recursos al campo, pero debe demostrar si esos apoyos reducen efectivamente las desventajas de sus agricultores.
La derogación del Decreto 693-24 mediante el 635-26 plantea una pregunta que el Gobierno todavía debe responder con claridad: ¿qué cambió en las condiciones productivas que justificaron aquella protección? El régimen anterior reconocía la importancia del arroz para la seguridad alimentaria y el empleo rural.
La contradicción también alcanza las relaciones comerciales con Washington. Estados Unidos mantiene medidas arancelarias que afectan exportaciones dominicanas mientras reclama la apertura de nuestro mercado arrocero. Aunque ambas disposiciones responden a fundamentos jurídicos diferentes, el país necesita conocer los resultados de sus negociaciones.
La propuesta del exsenador Heinz Vieluf de investigar las subvenciones estadounidenses merece una evaluación técnica formal. Los acuerdos comerciales y las normas de la OMC contemplan derechos compensatorios cuando se demuestran subvenciones sujetas a medidas, daño material y relación causal.
El Gobierno anunció RD$12,000 millones para financiar la pignoración arrocera de 2026-2027. Pero el Decreto 220-25 contempla apoyos a agroindustrias y almacenistas, de modo que recibir fondos públicos no equivale necesariamente a entregar dinero directamente al agricultor.
Las denuncias de exclusión tampoco pueden ignorarse. Agricultores han señalado dificultades para acceder al crédito y a los programas de apoyo, mientras auditorías internas identificaron 56 inobservancias administrativas y financieras en el Ministerio de Agricultura entre 2020 y 2024.
Algo semejante ocurre con los subsidios a fertilizantes, anunciados por más de RD$2,151 millones en 2026 mediante acuerdos con empresas importadoras de insumos. Ese mecanismo puede reducir costos, pero su efectividad debe comprobarse en el precio pagado por el agricultor.
La seguridad alimentaria tampoco puede confundirse con supermercados abastecidos mediante importaciones. El arroz sostiene agricultores, jornaleros, molinos, transportistas y economías provinciales enteras. Su deterioro afectaría actividades que no pueden sustituirse de inmediato.
El problema se extiende a las habichuelas, el plátano, la yuca, el ajo, la cebolla y otros alimentos esenciales. Cada cultivo necesita una evaluación propia de productividad, importaciones, rentabilidad y empleo. La reconversión agrícola no puede imponerse a familias que carecen de otras fuentes de ingresos.
Las responsabilidades de estos veinte años corresponden a sucesivas administraciones, pero las decisiones actuales también deben someterse a rendición de cuentas. El país necesita una política agrícola con metas, auditorías, distribución transparente de ayudas y defensa comercial jurídicamente sustentada.
