Pepca acusa a defensa de Jean Alain de buscar extinción del caso
El Segundo Tribunal Colegiado fijó para este miércoles el debate de 21 incidentes en el proceso por presunto desfalco de RD$6,000 millones…
La procuradora de corte Mirna Ortiz denunció este lunes que las defensas del caso por presunta corrupción administrativa contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados continúan recurriendo a maniobras dilatorias para frenar el juicio de fondo y buscar la extinción de la acción penal, según informó El Día en un reporte divulgado también por Remolacha. A la salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que los abogados intentan reintroducir debates ya resueltos con el pretexto del cambio de composición de las juezas.
Ortiz explicó que la defensa solicitó reabrir la discusión de 21 incidentes procesales que ya habían sido debatidos ante el tribunal anterior, el cual había determinado diferirlos para fallarlos de manera conjunta con el fondo del expediente. La fiscal titular criticó que los representantes legales aleguen una presunta nulidad para consumir tiempo en una causa que debió haber comenzado hace más de un año, buscando luego beneficiarse de plazos vencidos que ellos mismos han provocado.
Ante estos pedimentos, el Ministerio Público, integrado por Ortiz y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Melbin Romero, solicitó rechazar la solicitud de los imputados y disponer la apertura formal del juicio. El tribunal, presidido por la magistrada Yissel Soto e integrado por Clara Castillo y Harlin Elizabeth Rosario, desestimó la petición de prórroga de las defensas y ordenó que dichos incidentes sean expuestos el miércoles 14 de octubre de 2026.
En etapas previas, las magistradas ya han rechazado múltiples recursos de extinción de la acción penal promovidos por las barras de la defensa, ordenando la prosecución del caso judicial. El expediente señala a Rodríguez de haber malversado más de RD$6,000 millones entre 2016 y 2020 durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, en una acusación que incluye sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos junto a más de una docena de coimputados.
