Cuba aprueba ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera
El nuevo marco legal autoriza contratos de producción compartida de hasta 40 años para intentar aliviar la severa crisis energética de la isla…
El Gobierno de Cuba promulgó este lunes un nuevo marco legislativo para la gestión del petróleo y el gas natural, concebido para incentivar la inyección de capitales tanto locales como foráneos en la explotación de sus recursos. La regulación, que vio la luz a través de la Gaceta Oficial y comenzará a regir siete días después de su difusión, abarca integralmente desde los trabajos prospectivos en suelo firme y aguas profundas hasta el refino, transporte y distribución de los combustibles.
La administración de la isla antillana pretende con este esquema normativo dinamizar sus reservas energéticas y recortar la dependencia de compras externas, en momentos en que el territorio soporta una persistente contracción en su matriz de generación. El panorama electroenergético se vio endurecido a comienzos de año por las restricciones petroleras implementadas desde Washington, así como por medidas punitivas que motivaron la desvinculación de socios foráneos como la compañía canadiense Sherritt International tras tres decenios de actividad en proyectos conjuntos como Moa Nickel y Energas.
El estatuto define vías contractuales para personas naturales o morales mediante figuras de concesión petrolera, convenios de servicios especializados y contratos de producción compartida. Estos últimos contemplan plazos de validez de hasta 40 años con opciones de extensión por diez años adicionales, siempre que existan reservas viables certificadas. A su vez, las concesiones administrativas operarán con términos máximos de 30 años con posibilidad de prórroga decenal.
Para la asignación de las áreas operativas, el instrumento establece como criterio rector la realización de licitaciones públicas de carácter abierto. No obstante la apertura inversora, el texto ratifica que los yacimientos existentes en el subsuelo nacional mantienen su condición jurídica de patrimonio socialista del pueblo cubano, conservando su naturaleza inalienable, inembargable e imprescriptible ante cualquier modalidad de desarrollo comercial.
Con información de El Nuevo Diario.
