RD sube al Nivel 2 en informe de EE. UU. sobre trata de personas
El reporte destaca 229 investigaciones judiciales, 50 sospechosos procesados y la reforma legal para proteger a menores sin exigir pruebas de coacción…
República Dominicana ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe sobre trata de personas publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país, informó la Presidencia de la República. El avance refleja la intensificación de las medidas estatales para erradicar este delito y alinear la legislación nacional con los estándares internacionales.
Entre las medidas adoptadas figura la modificación de la Ley contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (Ley 137-03), que eliminó el requisito de demostrar fuerza, fraude y coacción cuando los delitos involucren a menores de edad, en especial ante la explotación sexual. Además, el Gobierno aprobó y financió con presupuesto nacional el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, junto a la Resolución N.º 13-2024 para dotar de tarjetas de identificación a personas apátridas. Las autoridades también mantienen la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que penaliza la entrega o explotación de menores con penas de 20 a 30 años de prisión.
En el plano judicial, las autoridades abrieron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especial. El informe resalta igualmente la investigación de ocho funcionarios por presunta complicidad, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, con la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos.
Por el lado laboral, el Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores vulnerables como agricultura, construcción e industria azucarera, lo que conllevó la suspensión de actividades en 11 empresas con indicios de trabajo forzoso. De forma paralela, el programa piloto de registro migratorio formalizó a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales para reducir su vulnerabilidad y garantizar su libre movilidad.
Finalmente, los operativos permitieron identificar a 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron asistencia integral financiada por el Estado en salud médica, psicológica, asesoría legal y traducción. La Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Conani preservaron refugios especializados y aseguraron la custodia de víctimas y testigos durante los procesos en tribunales.
